Poco o nada tienen que ver las características de una explotación en Castilla, Levante o Andalucía con del rural gallego. Las comunidades empiezan a dar la batalla con el Gobierno central para no sufrir un tijeretazo en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC), un capítulo que absorbe el 40% del presupuesto comunitario y del que en Galicia dependen más de 27.000 agricultores y ganaderos. Con la vista puesta en las negociaciones con el Ministerio de Agricultura para su inminente reparto, el Ejecutivo gallego presionará de la mano de las comunidades de la cornisa (Asturias, Cantabria y País Vasco) para lograr una inyección de fondos a sus granjas acorde a sus particularidades, entre ellas el contar con explotaciones familiares de pequeño tamaño. Se trata de un factor que a menudo juega en contra del reparto de subvenciones, que en periodos anteriores se otorgaban a tenor de la superficie y de las hectáreas.

En un documento conjunto de las cuatro autonomías se firmó ayer –vía telemática– la hoja de ruta que debe regir en el reparto de los fondos de la PAC frente a la “orientación mediterránea” que consideran que se le está dando al nuevo reglamento. Con esta alianza, la Xunta trata de evitar un hachazo a los fondos al sector agroganadero gallego, que según estimaciones de los sindicatos rondaría los 200 millones de euros de recorte.

“Somos cuatro comunidades que tenemos en común que nuestras explotaciones se caracterizan por ser pequeñas y medianas, profesionales, pero eminentemente familiares. A través de este documento exigimos que la futura PAC tenga en cuenta las peculiaridades de estas explotaciones”, defendió el conselleiro de Medio Rural, José González.

Agricultor genuino.

El documento pactado por las comunidades de la cornisa cantábrica refleja el apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura de definir la figura del agricultor genuino, que vive y trabaja en el medio rural. Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco defienden que esta condición quede definida por un porcentaje de al menos el 30% de ingresos agrarios sobre los totales, excepto para afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.

Ayudas directas.

Sobre el primer pilar de la PAC, en las ayudas básicas a la renta, el frente apela a superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones, adaptado a su realidad actual. Además, consideran imprescindible establecer un número y delimitación de las regiones, a efectos de que la ayuda básica refleje las diferentes realidades en el plano agronómico y socioeconómico.

Vacuno de leche y carne.

Sobre las ayudas a este sector, las cuatro autonomías ven prioritario contar, al menos, con los mismos recursos que en el periodo 2014-2020.

“Capping”.

Sobre el límite de ayudas que percibe un mismo beneficiario (capping), el documento conjunto apoya el establecimiento de un máximo de 60.000 euros por explotación, una medida que contribuiría a contar con recursos adicionales para distribuir entre los pequeños negocios.