La Abogacía del Estado acaba de presentar ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el escrito que solicitó la magistrada sobre los bienes que pueden retirar los nietos del dictador del pazo de Meirás, declarado en primera instancia patrimonio público. La representación legal de la Administración legal del Estado propone que los Franco solo puedan llevarse de momento los electrodomésticos y los bienes que no aparecen recogidos en el inventario elaborado por los técnicos de la Consellería de Cultura, salvo los fondos bibliográficos, las alfombras y “elementos textiles de todo tipo”.
Los bienes no inventariados incluyen ropa u objetos de estricto uso personal, ajuares domésticos de uso diario y el mobiliario y objetos “meramente funcionales que existen en las dependencias del servicio”, según detalla el escrito.
La Abogacía del Estado abre la puerta a que los Franco puedan llevarse otros bienes, pero siempre “previa petición individualizada” y tras el examen de los técnicos sobre su “relevancia y el grado de conexión con el Bien de Interés Cultural y los futuros usos del mismo”. Los abogados basan su petición en un informe de la Dirección General de Patrimonio del Estado, avalado por Patrimonio Nacional y la Secretaría de Memoria Democrática.
La Dirección General del Patrimonio del Estado detalla en su escrito que solicitó a la Consellería de Cultura –responsable de la tutela de este Bien de Interés Cultural– que le remitiese sus “matizaciones, precisiones o correcciones” a su propuesta sobre los bienes que podían retirarse sin obtener respuesta.
La Abogacía del Estado apela a la importancia de garantizar la integridad del inmueble, “entendido como unidad”, así como “su destino y obligaciones inherentes a su condición de Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico”. “Será en fase de ejecución definitiva, llegado el caso, el momento en que habrá que valorar de analizarse la extensión de la obligación de entrega”. La conclusión de la Abogacía del Estado va en la línea del auto que emitió el Juzgado de Primera Instancia número 1 el pasado 4 de diciembre. La jueza Marta Canales acordó dictar como medida cautelar el depósito de todos los bienes muebles, salvo los de estricto uso personal o aquellos que nada aportasen a la significación del pazo como BIC o los posibles usos definitivos.
Los Franco recurrieron ese auto, al igual que la orden de realizar un inventario de bienes, alegando que vulneraba su derecho a la intimidad y que el decreto que declaró BIC el pazo de Meirás no incluía ningún anexo de bienes y que la acción reivindicatoria del Estado se había limitado al inmueble.
Reunión hoy de la comisión
El secretario de Estado Democrática, Fernando Martínez, presidirá hoy por videoconferencia la segunda reunión de la comisión técnica del pazo de Meirás, en la que participan la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. El encuentro deberá fijar ya una fecha de reapertura de este Bien de Interés Cultural, aunque inicialmente los itinerarios se limitarán a los jardines, dado que en el interior todavía deben realizarse ciertos trabajos de seguridad y acondicionamiento. La fecha que suena es el 30 de enero. En la reunión, se abordará también la creación de una comisión de expertos que colaboren en el diseño del relato, los futuros usos del pazo y de la exposición que recorrerá toda su historia. El Juzgado de Primera Instancia número 1 acaba de emitir una diligencia en la que informa de la entrega, el pasado 15 de enero, de las llaves de la vivienda de los guardeses del pazo de Meirás. En concreto, las llaves de la casa y del buzón y dos mandos a distancia de la entrada del pazo, detalla el escrito. La entrega se produjo el último día del plazo fijado por el juzgado. El Estado accedió a permitir una moratoria en su desalojo.
