Apenas un lustro después de que la “ley Wert” entrase plenamente en vigor –entre comillas, porque el PP la retocó al suprimir las llamadas “reválidas” ante el rechazo social–, se estrena su sustituta, igualmente a plazos y contestada desde la oposición, aunque esta vez quien está al otro lado es el PP, que ha anunciado “resistencia cívica, legal y constitucional”. Oficialmente hoy, 20 días después de ser publicada en el BOE, arranca el calendario de implantación de la Lomloe, promovida por la ministra Isabel Celaá.

Con todo, por ahora, al menos lo que queda de curso, su paso por las aulas será discreto y de hecho, no está previsto que se complete su implantación hasta el de 2023/24.

Galicia ha manifestado en varias ocasiones, bien a través de su conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o bien de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que acatarán la norma en “lo básico” y desde la dirección estatal del PP se trasladaba en diciembre el ejercicio de una “resistencia legal” por parte de su formación para sortear la ley que se traduce, por ejemplo, que en comunidades como Galicia o Madrid, entre otras, se adelantase el proceso de admisión o se habilitase un cupo extra para profesores técnicos de FP para la convocatoria de la próxima OPE de educación.

Pero hay otros puntos que tampoco convencen del todo a la Xunta, como manifestaba su presidente el pasado mes de noviembre al estar en descuerdo “en romper la cultura del esfuerzo, porque da igual aprobar que suspender”, en alusión a los requisitos para promocionar y titular en la nueva normativa –por ejemplo, se puede obtener el título de Bachillerato de forma “excepcional” con una materia suspensa en ciertas condiciones– y en referencia a que Galicia seguirá usando el castellano como lengua vehicular al argumentar que “aquí hay un bilingüismo armónico”. La Lomloe elimina la alusión a lengua vehicular de la Lomce y habla de “garantizar el derecho” de los alumnos a “recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”. Según el Gobierno, esto no implica cambios.

Entonces Núñez Feijóo aseguró que Galicia acatará la ley “en lo básico y de obligado cumplimiento”, pero las comunidades también tienen competencias y evitará aquellos aspectos que puedan “reducir la calidad educativa” de la comunidad, “muy por encima de la media de la OCDE”. Defendió además que en Galicia “seguirán existiendo los conciertos”. En Madrid han ampliado su vigencia para mostrar “su disconformidad con la intención del Gobierno de reducir el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada”.

Lo primero que entraría en vigor, este curso, son aspectos que afectan a la autonomía de los centros y a la selección de sus directores (si no empezaron ya), además de a la admisión de alumnos. En lo que respecta a este último ámbito, la Consellería de Educación anticipó la publicación del decreto de admisión al entender que la Lomloe restringía el derecho de los progenitores a elegir centro y así lo hizo dentro de la ley vigente entonces, la Lomce. Los cambios gallegos atañen solo a los plazos para el alumnado que termina etapa en un centro y debe reservar plaza en el colegio adscrito para seguir estudios. Otras cuatro autonomías del PP publicaron ya resoluciones para sortear este aspecto.

La Xunta también tomó medidas en lo que respecta al futuro de los profesores técnicos de FP. En diciembre anunció la convocatoria de una nueva oferta de empleo público “para contrarrestar los efectos de la Ley Celaá” sobre el cuerpo de profesores técnicos de FP, porque al no tener licenciatura no podrían impartir clase. Con la OPE se busca consolidar sus puestos.

Por lo que respecta a una mayor autonomía de los centros para programas, normas u horario, es una posibilidad que, como manifestaron a este diario varios directores, se recibe entre pros, como el poder incidir en temas transversales, por ejemplo los afectivo-sexuales, y peros, como un llamamiento a la prudencia para evitar desigualdades.

Para el curso 2021/2022 entrarían en vigor lo relativo a los cambios en la evaluación y condiciones de promoción. La nueva normativa establece que solo se puede repetir una vez en primaria y dos en secundaria y para el título de bachiller se abre la posibilidad excepcional de que se consiga con un suspenso si no “inasistencia continuada y no justificada” y se consideren alcanzados los objetivos y competencias vinculados. Repetir se considera una “excepcionalidad”.

Galicia ya mostró su disconformidad cuando el Gobierno central dio luz verde a volver a abrir la mano este curso por la pandemia con los suspensos. Galicia elaboró instrucciones en sentido contrario y no permite pasar de etapa al margen de aprobados.

Habrá que esperar a 2022/23 para que se incorporen las modificaciones relativas al currículum en los cursos impares y al siguiente para los impares en primaria, ESO y Bachillerato.