Los alcaldes socialistas de la provincia de Pontevedra exigen a la Xunta que transfiera 250 millones de euros a las corporaciones locales para gestionar las ayudas a los sectores afectados por las consecuencias de la crisis del COVID-19. Defienden que la administración local es la “primera puerta a la que llama la gente cuando hay un problema” y, por esa razón, deben ser los ayuntamientos los que se doten de un fondo para “tramitar y resolver las ayudas con dinero contante y sonante y no con humo de la propaganda institucional”.

Así se acordó en una reunión telemática en la que participaron los alcaldes de 22 concellos socialistas y los tenientes de alcalde de otros ocho ayuntamientos, también del PSOE. En este encuentro intervinieron la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y los presidentes de la FEMP y la FEGAMP, Abel Caballero y Alberto Varela.

El municipalismo pontevedrés expresó su “hartura” de una Xunta que, a su juicio, recurre “a la confrontación como estrategia para eludir sus responsabilidades”. “Quien cierra, paga”, clamaron. En este sentido, creen que el mismo día que el Gobierno gallego decide cerrar o restringir un sector debe aprobar las correspondientes indemnizaciones.

El secretario provincial del PSOE, David Regades, recordó que la Xunta recibió ya 1.193 millones de euros extraordinarios del Gobierno de España para hacer frente al COVID-19. “No transfirió ni un solo euro a los concellos gallegos, a pesar de que estes asumieron subvenciones directas a pequeñas empresas y autónomos, así como exenciones y bonificaciones fiscales e incluso gastos por competencias impropias como la desinfección en colegios y espacios públicos”, denunció.

Además advirtió que las corporaciones locales sufren un incremento de los gastos en políticas sociosanitarias como el coste del Servicio de Ayuda en el Hogar. “Es competencia exclusiva de la Xunta y solo abona la mitad del coste real del servicio”, denuncia Regades.

“Los ayuntamientos están ahogados, algunos repartieron casi del 5 por ciento de su presupuesto en ayudas directas y Feijóo pretende que sean ellos los que sigan pagando en solitario la factura de la pandemia”, se quejó.

Por esta razón, el secretario provincial del PSOE reclama a la Xunta una explicación detallada “partida a partida” del destino de los 1.193 millones de euros recibidos por el Gobierno. “La Xunta los metió no sabemos donde, aunque sospechamos que parcialmente acabaron en sus carísimas campañas de publicidad”, lamentó. La “falta de transparencia” de la Xunta” se extiende, según Regades, al alcance de las ayudas repartidas entre el colectivo de autónomos. “Son convocatorias redundantes, difíciles de tramitar y muy, muy poco transparentes”, criticó.

Durante el encuentro del municipalismo socialista se recordó también que las diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Lugo ya acordaron demandar a la Xunta conjuntamente que aplique rebajas en la carga impositiva sobre los sectores productivos afectados por la ciudadanía, en concreto, en el canon del agua, la tasa de basura y el tramo autonómico del IRPF para los negocios afectados.

Los alcaldes socialistas de la provincia valoran el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana, donde Generalitat, diputaciones y ayuntamientos van de la mano en la pandemia. Mientras, en Galicia, denuncian que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva pidió una reunión “insistentemente a través de siete cartas no contestadas”.

En todo caso, aunque valoran el “modelo valenciano” como un paso positivo puesto que serán los municipios los que tramiten las subvenciones del Fondo COVID-19, los alcaldes pontevedreses creen que sería mucho “más adecuado” el “modelo alemán”, es decir, la aprobación simultánea de las indemnizaciones a los sectores afectados en los mismos decretos en los que se les restringe la actividad.