Los investigadores gastan más tiempo en luchar por lo que consideran sus derechos que en desarrollar su actividad propiamente dicha. La (pen)última disputa surge a raíz de la nueva convocatoria de ayudas posdoctorales lanzada por la Xunta para este 2021. Colectivos científicos de la comunidad sostienen que con los nuevos contratos podrían dejar de recibir hasta 10.000 euros de sueldo en cada anualidad en comparación con el anterior acuerdo. Pero la Administración autonómica asegura que esas quejas “no se corresponden con la realidad”, y asegura que al cabo de los 3 años que dura el convenio acabarán percibiendo el mismo dinero, por lo que no existe ningún recorte salarial. Es la enésima revuelta.
La Asamblea de Investigadoras de Compostela observa un “retroceso” en ayudas a la etapa de formación posdoctoral en la convocatoria emitida por el Gobierno gallego para este año. Así lo manifiesta Laila Al-Soufi, una de sus portavoces. “El salario de los investigadoras e investigadores será de hasta 10.000 euros menos que en la anterior convocatoria”, puesto que con esta nueva orden pasarán a contar con un salario base de 28.600 euros brutos. A él se le sumarían complementos solo si el investigador sale al extranjero a completar su trabajo y formación: 1.000 euros mensuales si el destino es Portugal o Andorra; 1.500 euros si la localización es europea, africana o americana; y 2.000 euros si los lugares de acogida son Estados Unidos y Canadá.
“La lectura que sacamos es que la Xunta condena al personal que quede en Galicia a más precariedad y abandono”
Hasta ahora, los posdoctorales tenían la obligación de cumplir los dos primeros años de contrato en el extranjero y realizar el último en alguna universidad gallega. Sin embargo, ahora se opta por flexibilizar las estadías fuera: como mínimo tendrán que ser de seis meses y no necesariamente consecutivos. Tal y como está la situación epidemiológica en la mayoría de países, los investigadores creen “poco probable” que esas residencias puedan efectuarse y tendrán que quedarse en Galicia con peores pagas al mismo tiempo que intentan diseñar un plan de vida. En palabras suyas: “La lectura que sacamos es que la Xunta condena al personal que quede en Galicia a más precariedad y abandono”.
La Administración gallega desmiente en su totalidad estas acusaciones. Es más, asegura que estas críticas “no se corresponden en absoluto con la realidad”, ya que “las convocatorias de este año son las mayores de la historia de Galicia a nivel de presupuesto como de número de contratos”. En total, acaba de publicar una oferta de 175 contratos (en la previa fueron 167) y una partida de 17,65 millones de euros, un 5% más que la vez anterior.
A partir de esta premisa, la Xunta defiende que no existe ningún tipo de “desmantelamiento” a la actividad investigadora, tan solo una serie de cambios en la legislación provocados por la pandemia. “El dinero está repartido de otra manera”, avanza a este periódico José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. “Antes, durante los dos primeros años, si le quitamos los suplementos por desplazamiento, cobraban alrededor de 22.000 euros. Y en el tercer año, el de retorno, hasta un máximo de 38.000”, instruye Díez de Castro, para añadir: “En el conjunto no hay bajada salarial. El dinero que se va a cobrar en el global de los tres años es prácticamente idéntico, como es lógico”.
“Las cuentas se hacen con los tres años, no con uno. No hay ahorro de dinero, sino reajuste de cómo se recibe”
“Las cuentas se hacen con los tres años, no con uno. No hay ahorro de dinero, sino reajuste de cómo se recibe”, insisten desde la dirección de Universidades, señalando con el dedo la inversión que realizará el Gobierno gallego en 2021. Pero esto no es lo único que irrita a los profesionales.
Desde la Asamblea de Investigadoras de Compostela enviaron a la Consellería una serie de propuestas de cara a la nueva convocatoria que “no tuvieron en cuenta”. Por ejemplo: que “doblasen el número de plazas” para científicos posdoctorales, debido a que en 2020 no había salido ninguna. Aquí, la Xunta vuelve a defenderse, exponiendo que fue la “única” comunidad autónoma que alargó los contratos en vigor, que finalizaban en junio, hasta finales de año para que nadie se viera perjudicado por la pandemia. “De los más de 400 posdoctorales, siguió el 100%. Eso supuso una inversión de más de 5 millones. No nos saltamos ninguna convocatoria”, zanja Díez de Castro.
