El Gobierno ha lanzado un plan de choque para impulsar la atención a la dependencia y reducir las listas de espera. Esto se traducirá para Galicia en un incremento de la financiación estatal de casi el 50 por ciento, hasta llegar a los 141 millones de euros. La conselleira de Política Social, Fabiola García, aplaude este aumento de 45 millones en la aportación de la Administración central. Asegura que es “un primer paso”, pero recuerda que todavía no es suficiente puesto que la legislación obliga al Estado a asumir el 50 por ciento del gasto total y hasta ahora más de tres cuartas partes del presupuesto para atender a los dependientes lo desembolsaba la Xunta.
Galicia estaba invirtiendo en dependencia un total de 400 millones de euros, de los que más de 300 millones eran aportados por la Administración autonómica y solo 96 por el Gobierno central. “Es necesario equilibrar la financiación y ajustarse a lo que maca la ley”, señaló Fabiola García, tras participar, ayer por vía telemática, en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) junto a los responsables de las demás comunidades autónomas.
El Gobierno central trasladó en este foro a las comunidades su nuevo Plan de Choque en Dependencia, que contempla para este año una inyección de más de 600 millones de euros.
Pero este esfuerzo económico vendrá acompañado de otras medidas para mejorar el sistema de atención a la dependencia. En febrero se aprobará un plan específico para la reducción de la lista de espera, que incluirá los objetivos concretos de cada comunidad autónoma y las medidas que deberán alcanzar para lograrlo.
Además el Gobierno revisará los copagos en dependencia. Se da de plazo este año para proponer algunos criterios comunes que se podrán aplicar a partir de 2022. En concreto, estudia cambiar el mínimo exento de pago en los copagos que abonan los dependientes para aproximarlo progresivamente al 60 por ciento de la renta mediana, que es el umbral por debajo del cual se está en pobreza relativa.
A lo largo de 2021 se abordará también una posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y se regulará la figura del asistente personal en la atención a dependientes.
El acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Choque contempla también que a finales de 2022 todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia, que pasará a considerarse un derecho subjetivo ligado a la condición de dependencia.
De los 600 millones de euros que inyectará el Gobierno, más de 283 millones serán para el nivel acordado –que se reparten entre las comunidades en base a una serie de criterios– y el resto es el nivel mínimo, es decir, lo que aporta la Administración por cada persona dependiente atendida.
De los 283 millones distribuidos entre las autonomías en base a baremos como la población potencialmente dependiente,, casi la mitad se destinarán a Andalucía, Cataluña y Madrid.
A Galicia de este fondo anual le corresponden 20,3 millones, a los que se suman otros 25 millones por dependiente atendido. La conselleira de Política Social insistió en la necesidad de repartir las partidas con “transparencia y equidad”.
Un año de espera para ser atendido, el doble de lo que fija la ley
Casi un año tienen que esperar los dependientes gallegos para ser atendidos, el doble de lo que establece la ley. La normativa establece que el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Sin embargo, en Galicia la demora media es de 371 días. Durante 2020 la crisis sanitaria del COVID ralentizó la tramitación de las ayudas a la dependencia y eso se ha traducido en un incremento de los plazos de espera. Con datos hasta septiembre, el tiempo medio para ser atendido se situó en Galicia casi un mes por encima de la demora de 2019. En todo caso, la comunidad gallega está por debajo de la espera media que hay en España. En comunidades como Andalucía o Extremadura los dependientes aguardan más de dos años. Por el contrario, los más rápidos en ser atendidos son los dependientes de Castilla y León.
