La reclamación judicial de una deuda promovida por un antiguo proveedor de bancos y marquesinas de la Diputación de Ourense que suministraba el mobiliario sin que obrase un concurso público por medio, o un mero contrato, abre las puertas a una posible investigación penal por un delito de prevaricación sobre el que también habría que determinar si ha prescrito.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ourense condena al ente provincial a pagar los 193.093 euros que no abonó en su momento y pide que se remitan las actuaciones al Ministerio Fiscal para que las estudie y practique las diligencias que considere “para determinar si procede el ejercicio de la acción penal por la posible comisión de un delito de prevaricación cometido por el/los responsables del encargo de los suministros de bancos y marquesinas, sin perjuicio de otros en los que hubiesen podido incurrir”.
El asunto se remonta al año 2011, cuando el expresidente provincial José Luis Baltar agotaba los últimos meses de mandato ya que, en febrero del año siguiente tomaría las riendas su hijo. Ese año, como venía haciendo al menos desde 2005, el proveedor fue suministrando bancos y marquesinas a demanda de la institución. Pero a diferencia de los anteriores, no recibió las correspondientes transferencias bancarias en base a los albaranes y facturas que iba entregando.
La reclamación del dinero obtuvo como respuesta el “silencio administrativo”, por lo que decidió acudir a la vía judicial. Durante el proceso, la Diputación reconoció que recibió el mobiliario urbano, pero alegó que no lo pagó porque el presupuesto no había sido aceptado previamente. El juez, sin embargo, estima el recurso “a fin de evitar un enriquecimiento injusto” por parte del ente provincial, “que ha percibido los bancos y marquesinas y, sin embargo, no ha abonado su precio”.
