El perfil del nuevo usuario de los servicios sociales: trabajadores en ERTE y autónomos

La pandemia ha cambiado el perfil mayoritario de los usuarios de los servicios sociales. Durante el confinamiento los ayuntamientos gallegos detectaron un aumento de 17.000 nuevos demandantes y el 60 por ciento son trabajadores y autónomos en situación de vulnerabilidad social por el cese de su actividad. La situación límite en la que están muchas familias se traduce además en un incremento de un 50 por ciento en la petición de ayudas económicas para cubrir necesidades básicas.

Así se extrae de un estudio realizado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) a través de encuestas remitidas a los ayuntamientos. El confinamiento y la paralización de la actividad durante el primer estado de alarma impactó en la economía de muchas familias, que se vieron afectadas por ERTEs o despidos. Esta situación continúa siendo aún ahora crítica para los trabajadores de sectores afectados por cierres como en la hostelería.

De ahí que la mayoría de nuevos usuarios que han acudido a las ventanillas de los servicios sociales sean trabajadores y autónomos afectados por el cese de actividad. Además, entre los demandantes de prestaciones hay un 42 por ciento de personas con menores a cargo o familias monoparentales y un 28,7 por ciento son personas en riesgo de inclusión social con medios de vida vinculados a la economía sumergida.

¿Y qué tipo de ayudas piden? El mayor incremento se ha registrado en la demanda de prestaciones económicas para afrontar necesidades básicas (un 50 por ciento más que antes de la pandemia) El servicio de ayuda en el hogar ha crecido un 18,4 por ciento. Hay otro 15 por ciento que demanda medidas de reinserción social y un 11 por ciento solicita comedores u otros dispositivos de atención a personas sin hogar.

En concreto, la Fegamp explica que debido a la pandemia hubo usuarios que se dieron de baja del servicio de ayuda a domicilio por miedo al contagio pero se vieron compensados por la incorporación de nuevos usuarios.

Toda esta situación ha supuesto para los ayuntamientos gallegos un incremento del 31 por ciento en la carga burocrática que tienen que soportar. La Fegamp lamenta que las administraciones locales no recibieran “ningún fondo extraordinario” para afrontar la pandemia. “Cada concello hizo frente a los sobrecostes en función de su músculo económico”, explican.

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