Los servicios sociales de los concellos no dan abasto. A raíz de la recesión económica de 2008 se empezó a disparar el volumen de personas que necesitan algún tipo de ayuda o apoyo. Y esto se tradujo en un incremento del gasto. Solo en los últimos cinco años el desembolso de los ayuntamientos gallegos creció un 40 por ciento hasta los 241 millones de euros en servicios y promoción social. Y entonces llegó la pandemia y se intensificaron las necesidades: reparto de comida o medicación a domicilio, aumento de la ayuda en el hogar, ayudas para cubrir necesidades básicas a parados o afectados por ERTEs... La Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) calcula que las entidades locales sufren unos sobrecostes de seis millones de euros cada mes por el COVID.
En 2019, año previo a la pandemia, casi medio millar de gallegos acudieron a los servicios sociales de los concellos. De ellos, unos 80.000 son usuarios habituales, diez mil más de los que había en 2015. Además de la recesión económica de 2008 en esta tendencia al alza también influyó el cada vez mayor envejecimiento de la población de Galicia. Con la llegada del COVID-19 hubo que reforzar los servicios a los mayores en sus domicilios o atender a gallegos que perdieron su empleo. Según la Fegamp, los concellos atendieron 17.000 nuevos solicitantes de servicios sociales durante el confinamiento.
Y todo esto conlleva un importante incremento de recursos económicos para las entidades locales. En 2019, según los datos de liquidaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda, ayuntamientos y diputaciones gastaron en servicios sociales un total de 272 millones de euros, de los cuales 241 millones fueron desembolsados por los concellos.
Y no son los municipios más grandes los que desembolsan más dinero. La elevada dispersión y el envejecimiento de las zonas del rural encarece la prestación de estos servicios. Así, el mayor gasto se corresponde con los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que tuvieron que invertir en 2019 más de 77,2 millones de euros, seguidos por los ayuntamientos más pequeños (de menos de 5.000 vecinos) que abonaron 60,3 millones de euros.
Según los datos de la Fegamp, los municipios de menor tamaño dedican en torno al 13 por ciento de su gasto a servicios sociales, mientras que el peso de este desembolso se rebaja al 8 por ciento en el caso de las ciudades.
Los ayuntamientos son la puerta de entrada para acceder a un enorme abanico de prestaciones. Se encargan de tramitar desde la Risga, la asistencia a domicilio, las ayudas a la dependencia o atender a las personas sin hogar.
De ahí que soporten una importante carga económica. En cinco años la factura de concellos y diputaciones se elevó en 75 millones, un 37,9 por ciento. Este tipo de gasto es el cuarto que ha experimentado un mayor incremento desde 2014 en el ámbito municipal, solo por detrás de las partidas destinadas a medio ambiente (que se elevaron un 43%) y los fondos para cultura y deporte (39,7 por ciento y 38,1 por ciento respectivamente).
¿Pero en qué gastan dinero las entidades locales? El bienestar comunitario se lleva la partida más importante (484 millones de euros) aunque apenas creció en el último lustro, seguida a continuación de los servicios sociales, que ocupan el segundo lugar.
Vivienda y urbanismo acaparó otros 256 millones del gasto total de 2.800 millones que registraron ayuntamientos y diputaciones en 2019. El desembolso en este concepto también se elevó desde 2014 en torno a un 33 por ciento.
A seguridad y movilidad ciudadana las entidades locales dedican 197,2 millones de euros y a fomento del empleo 85,7 millones. Mientras, servicios como el transporte público suponen para las arcas municipales y de las corporaciones provinciales un gasto de 41,2 millones (un 7 por ciento más respecto a hace cinco años). Lo que se ha convertido en un desembolso prácticamente residual es el desembolso en investigación: no pasa de 164.000 cuando en el año 2014 se elevaba a 875.000.
