A partir de la evidencia de que un deber primordial de cualquier gobierno es velar por la salud pública, parece probable que se admita también que a la hora de la verdad han de medirse con cuidado las prioridades en esa protección. Aunque procede añadir que en tiempos de pandemia como los actuales ha de ser más que recomendable la cautela a la hora de las decisiones. Sobre todo para evitar que el bien común inmediato no desencadene daños a medio y largo plazo que resulten, sino peores, al menos tan malos como el que se intenta evitar. Algo que parece propio de Pero Grullo pero que en ocasiones como la actual conviene recordar.
Dicho eso es necesario insistir en que la salud y la economía están más unidos de lo que podría pensarse antes de la aparición del coronavirus. Al menos en el sentido de que pocos manejaban la hipótesis de qué hacer en caso de que hubiera de plantearse la protección preferente de una u otra. Pero la situación es la que es, y no queda otro remedio: de ahí que se insista en el respeto a los matices y la urgencia de medir los efectos del mejor modo posible. Algo que ahora presenta un dilema dramático: determinar la compatibilidad entre sanidad y hostelería en tiempo de crisis.
La teoría dice que en principio no debiera plantearse la cuestión de esa manera, pero la realidad, al menos la oficial, establece un muy probable foco de infección en ese sector ecocómico. Y se emplea el término “oficial” porque los hosteleros, sin negar la tesis, discrepan de sus consecuencias. Lo hacen partiendo de un hecho cierto: la gran mayoría de los establecimientos cumplen con rigor las normas que se les exigen por la autoridad sanitaria. Quizá en proporción mayor que los propios ciudadanos, cuya movilidad se restringe menos que la actividad de bares y restaurantes.
Conste que, a pesar de lo que pueda parecer, no se pretende comparar. Nada aportaría para reforzar el argumento según el cual en la hostelería están pagando justos por pecadores, un punto de vista que –ya se dijo hace tiempo– comparte quien esto escribe, aún admitiendo el riesgo que conlleva la generalización. Pero los hechos son tozudos, y demuestran que a día de hoy existe mayor riesgo en las reuniones familiares y no se plantea un nuevo confinaniento domiciliario como en marzo/abril. Por razones de su efecto dañino –sobre todo económico– general. Y social.
La Xunta, y su presidente el señor Feijóo, parecen compartir la cautela y por eso anuncian que no se piensa –por ahora– en un cierre total del sector ni en la domiciliación obligatoria. Pero hay algo que merece una reflexión: la hostelería va a ser un elemento clave, más aún de lo que ya lo es, en el éxito por ejemplo del Jacbeo/Xacobeo 2021/22, y la incertidumbre sobre mañana –no ya el verano– obligará a cerrar definitivamente muchos establecimientos. Será inevitable a pesar de las ayudas, sobre todo si la torpeza, otra vez inaudita, del Gobierno central y sus criterios de reparto de vacunas, por ejemplo, no se agilizan. Y atienden a peligros reales para una población que, como la gallega, supera en edad media a la española. Aquí, el sector hostelero es máquina que tira de muchos vagones siempre, y necesita protección.
¿O no?
