La Xunta recibe un aviso de supuesto maltrato infantil a través del teléfono de la infancia cada dos días de media si se tienen en cuenta los últimos datos: las 182 llamadas que denuncian presuntas agresiones a menores durante 2019. Este teléfono, operativo todo el año, es el principal canal por el que le llegan a la Administración autonómica alertas de situaciones de riesgo o desamparo en el colectivo. La “eficacia” de este número, conceden desde la Consellería de Política Social, hace que las cifras no acaben de arrancar en otro sistema que en principio se concibió para canalizar todas las denuncias procedentes de la esfera educativa, policial, sanitaria y de servicios sociales: el Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI).
A diferencia del teléfono de la infancia, que recibe llamadas de todos los ámbitos, también el doméstico, el RUMI es un instrumento informático de registro y notificación de maltrato infantil destinado a profesionales y cuya misión es simplificar y agilizar la actuación ante un situación de riesgo para el menor, como consta en las memorias de Política Social, que eleva a más de 160 los informes recibidos por este canal desde 2011. Sin embargo, aun sumando las cifras de nueve años, hasta 2019 incluido, se quedarían por debajo de las que llegan vía teléfono del menor en un solo ejercicio.
Con todo, este sistema, enfocado sobre todo en el ámbito educativo, dado que docentes o trabajadores de escuelas infantiles, entre otros, conviven durante muchos meses con los estudiantes, y en las fuerzas del orden, ha experimentado un repunte en 2018 en las notificaciones y además los profesionales de la enseñanza están cada vez más involucrados a tenor de las cifras.
Mientras en el año 2018 la Consellería de Política Social apenas recibía cinco avisos desde el ámbito educativo, un año después se cuadruplicaban, hasta las 23. Precisamente en 2018 la Xunta reconocía una infrautilización de este sistema de alerta y aseguraba que estaba coordinando con la Consellería de Educación la “mejor forma” de trasladar el “fomento” de esta herramienta a los distintos centros, incluyendo la necesidad de “formar” e “informar” al profesorado sobre cómo cubrir los indicadores que incluye la página para “detectar o prevenir” posibles casos de desprotección. Entre los indicios figuran si el escolar tiene señales de heridas o si evita hablar de su familia.
Por ahora, están implicados en el uso de esta herramienta, según los datos de Política Social, 2.070 profesionales gallegos entre agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y profesores. Estos últimos constituyen el 90 por ciento de los profesionales con acceso a la aplicación.
Desde la Xunta explican que este instrumento está en vías de implantarse en la sanidad y los servicios sociales. En todo caso, apunta que en estos ámbitos y el policial “la coordinación y la comunicación constante con los servicios especializados de protección de menores funciona de forma muy fluida”. Eso hace, subrayan, que las posibles situaciones de desprotección que se puedan detectar en estas áreas sean comunicadas “de forma inmediata” y por canales tradicionales, sin necesidad de que intermedie el RUMI. Y sería en el sector educativo, añaden, donde los profesionales están encontrando “más utilidad” al manejo de este registro único, lo que los está “animando” a realizar más comunicaciones por esta vía.
Política Social enfatiza que “lo importante” en casos de supuesto maltrato infantil es conocer e intervenir de la forma “lo más ágil posible” y eso se logra “perfectamente” con los medios de notificación más recurrentes. Eso no impide, añaden, que se hagan esfuerzos para implantar el RUMI, dadas además sus facilidades para el tratamiento estadístico.
En todo el país, según un informe del Ministerio de Sanidad relativo a 2019, se recibieron más de 15.000 notificaciones en el RUMI, con Andalucía y Baleares a la cabeza, aunque la estadística no incluye los datos de Galicia ni de Cataluña. Menos de la mitad de los avisos tenían un carácter “grave” y el grueso los protagonizan niños de 11 a 14 años. Además, en el caso de esta compilación autonómica, sobresalen las alertas procedentes de los trabajadores de servicios sociales. El tipo de maltrato más frecuente es la negligencia.
