Las concesionarias de las autopistas y autovías de titularidad autonómica no se han rendido al primer asalto y ha presentado recursos contra la Xunta por habérsele denegado compensaciones por el descenso de tráfico sufrido como consecuencia de las restricciones de movilidad impuestas para tratar de frenar el avance del coronavirus. El Ejecutivo gallego rechazó el pasado mes de noviembre el pago de compensaciones, pero las empresas no han aceptado la resolución y las cinco que gestionan dos autopistas y cuatro autovías con peaje a la sombra presentaron sendos recursos de alzada para intentar revertir la decisión, alegando, entre otros razonamientos, que la disminución del tráfico –lo que provoca menos ingresos– se debe exclusivamente a las decisiones adoptadas por las administraciones para combatir el COVID-19.

Fue el Gobierno central el que dio la opción de que se pudiera indemnizar a las concesionarias por la reducción de la movilidad. Con esta decisión se pretende paliar la caída de ingresos en unos casos por recaudar peajes inferiores al circular menos vehículos y en otros, porque se cobra un canon anual a las respectivas administraciones en función de la intensidad del tráfico.

En la comunidad gallega son cinco las concesionarias que se apresuraron a presentar ante la Xunta un solicitud formal reclamando compensaciones por la pérdida de ingresos con las que garantizar el equilibrio económico, con fórmulas que van desde la ampliación del periodo concesional a la inyección de fondos o una combinación de ambas vías. Son Autoestradas de Galicia, que explota las autopistas AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) y AG-55 (A Coruña-Carballo); y las firmas que gestionan las autovías de O Salnés, Santiago-Brión, Barbanza y Ourense-Celanova.

Solo se quedó fuera la concesionaria de la autovía Costa da Morte, también de titularidad autonómica, porque es la única en cuyo cálculo del canon anual no se tiene en cuenta el volumen de automovilistas que la usan.

En su recurso de alzada, Autoestradas de Galicia sostiene que la caída de ingresos “es muy notable” y que se sigue produciendo más allá de la duración del primer estado de alarma. “La pérdida de ingresos ha sido, es y será notabilísima por las circunstancias tan extraordinarias e imprevisibles e imprevistas que contemplamos”, argumenta la empresa, para quien la Xunta no puede mantenerse indiferente ante un ataque tan directo al equilibrio económico de la concesión.

Las empresas emplean argumento muy similares en su recursos y con párrafos hasta idénticos, culpando a las administraciones de la reducción directa del tráfico en sus vías, lo que condiciona directamente los ingresos que perciben, ya que dependen del número de usuarios que las utilizan. Además insisten en que las consecuencias de la crisis sanitaria no se han terminado, que las restricciones de la movilidad continúan –ya sean entre comunidades autónomas o cierres perimetrales– y que la actividad económica seguirá resintiéndose.

Entre las razones que esgrimió la Xunta para denegar en noviembre las compensaciones figuran que las operadoras de toda concesión asumen un “riesgo” en su prognosis de tráficos o que para determinar el equilibrio financiero no se debe calcular solo en base a un corto periodo de tiempo, sino a la vigencia del contrato –que es de 30 años o más–. Pero la principal razón por la que se rechaza la indemnización es que, según la Xunta, el real decreto del Gobierno no ampara tal solicitud de medidas paliativas porque nunca se forzó el cierre parcial o temporal de una autovía, sino que solo se limitó el movimiento de los ciudadanos.

Autoestradas de Galicia y Autovía de Barbanza demandan una ampliación del periodo concesional, el pago de compensaciones para paliar la caída de ingresos o una combinación de ambas propuestas, mientras que las otras concesionarias reclaman una compensación sin indicar más detalles.