La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acusó al Gobierno de actuar como “abogado de Audasa” al reclamar a la Administración autonómica pague “15 millones de euros por las bonificaciones del peaje de la AP-9”.
El Gobierno central demanda a la Xunta que vuelva a pagar el peaje de Rande y A Barcala y abone algo más de 15 millones a Audasa. En 2017 el entonces ministro Íñigo de la Serna acordó eximir al Ejecutivo gallego de pagar esta cuantía y decidió rebajar a la mitad la factura que pagaba a la concesionaria por las bonificaciones de tarifas. Pero Audasa recurrió y la justicia le dio la razón. Ahora reclaman a la Xunta que vuelva a aportar la mitad del dinero. “El Gobierno de España antepone los intereses de Audasa a los de los gallegos”, sentenció la conselleira.
