La familia del dictador Francisco Franco presentó ayer un recurso de apelación en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña contra el auto del día 4 de este mes que confirmó al Estado como depositario de todos los bienes que están dentro del pazo de Meirás.
Los Franco recurren así la resolución del juzgado, que ordenaba realizar el inventario de todos los bienes y prohibía a la familia retirar bienes hasta que este estuviese realizado, y además estimaba la petición del Estado de convertirse en depositario de todos ellos. Los abogados de la familia Franco impugnan las medidas cautelares y reclaman que, si se estima su recurso, se indemnice a los hermanos Martínez-Bordiú y a la sociedad Pristina SL por “cuantos daños y perjuicios se les hayan ocasionado en razón o a partir de tales medidas cautelares”. La Audiencia resolverá ahora este recurso.
Los letrados, con Luis Felipe Utrera Molina al frente, consideran que este auto “no se ajusta a Derecho y resulta perjudicial para los intereses” de la familia Franco. Califican de “improcedentes” las medidas cautelares acordadas por el juzgado, no la entrega del pazo, o como le llaman, “el inmueble de marras”, sino “las cosas, objetos o bienes muebles existentes en el interior”.
En el recurso se destaca que en el auto judicial en todo momento se hablaba de la parcela, las fincas registrales del pazo y sus edificaciones “sin incluir ninguna cosa, objeto o bien mueble” del interior, y todo lo relativo al “contenido” ha sido “sorpresiva y novedosamente introducido” a raíz de la petición de medidas cautelares”.
