Los gallegos son los quintos del Estado que más pleitean contra el pago de impuestos. El pasado año más de 13.300 contribuyentes de Galicia presentaron una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo (TEAR), un órgano independiente encargado de dirimir los conflictos tributarios entre los ciudadanos y la administración. Alegan errores en la liquidación del impuesto, disconformidad con el sistema de cálculo... Y sus quejas no son en vano. A más de la mitad se les da la razón. De esta manera, un total de 7.749 gallegos consiguieron aminorar el pago de tributos tras obtener resolución favorable por parte de este tribunal.
Aunque se presentaron 13.359 reclamaciones, este órgano está haciendo un esfuerzo importante en desatascar los expedientes atrasados y logró resolver 13.770 de las quejas presentadas tanto en el pasado ejercicio como en años anteriores. Y el 56 por ciento resultó estimada total o parcialmente, dando así la razón al contribuyente en contra del criterio de la administración que le liquidó el impuesto y que puede ser tanto autonómica, municipal o estatal puesto que las reclamaciones atañen a todo tipo de impuestos, desde el IRPF hasta el impuesto de actividades económicas o el de sucesiones...
Galicia es junto a Cantabria la comunidad donde el Tribunal Económico-Administrativo más avala las reclamaciones de los contribuyentes. A nivel estatal solo prosperan el 45 por ciento de las quejas. Y además cada vez se apoya favorablemente un mayor porcentaje de recursos presentados por los contribuyentes gallegos, puesto que se ha pasado de estimar el 50 por ciento de las reclamaciones en 2018 al 56 por ciento el pasado año.
La causa de la elevada conflictividad con los tributos que hay en Galicia y del elevado porcentaje de reclamaciones aceptadas tiene que ver con el polémico sistema de valoración de inmuebles de la Xunta.
Para calcular el pago de impuestos como el de Sucesiones o el de Transmisiones Patrimoniales se debe calcular previamente el valor del inmueble afectado y ahí es donde surgen las discrepancias.
La Xunta empezó utilizando los precios medios de mercado, lo que disparó la tasación de los inmuebles. Las reclamaciones e incluso alguna sentencia desfavorable obligaron ya en 2015 a Facenda a corregir su sistema de valoración de inmuebles. Desde ese año, para los bienes de naturaleza urbana se utiliza el valor medio catastral sobre el que se aplica un coeficiente. Sin embargo, en los inmuebles rústicos se mantiene el método de precios de mercado cuestionado por el propio Ministerio de Hacienda y por el Tribunal Supremo.
Y el Tribunal Económico-Administrativo también está tumbando la mayoría de las liquidaciones de impuestos que se calculan con este sistema de valoración y que les llegan en forma de reclamación por parte de los ciudadanos. Así, a pesar de que la Xunta exime del pago del Impuesto de Sucesiones al 99 por ciento de los gallegos, en 2019 se presentaron ante el TEAR un total de 2.339 quejas relacionadas con este tributo. Es el segundo que presenta más conflictividad, por detrás del IRPF. Se resolvieron 1.438 casos y a 1.152 contribuyentes se les dio la razón. Es decir, ocho de cada diez gallegos que recurrieron el pago de este impuesto sobre las herencias consiguieron reducir la cuantía que debían liquidar ante la Axencia Tributaria después de la resolución favorable de este tribunal económico.
Y algo similar ocurre con el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados que se paga en las operaciones de compraventa de inmuebles de segunda mano. El tribunal estatal estima favorablemente el 76 por ciento de las quejas presentadas en relación al pago de este tributo. El pasado año se presentaron 2.230 reclamaciones, se resolvieron 1.439 expedientes y se dio el aval a 1.152 ciudadanos.
En todo caso, las mayores discrepancias en torno al pago de tributos surgen en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según los datos de la memoria del TEAR, el pasado año más de 3.600 gallegos mostraron su disconformidad con la liquidación de este tributo. De los casi 4.000 expedientes que el tribunal resolvió, seis de cada diez fueron favorables al contribuyente (2.287).
Otro impuesto que genera conflictividad es el IVA. En 2019 las quejas registradas fueron 1.221, pero el Tribunal Económico-Administrativo resolvió 3.183 casos que se arrastraban de ejercicios anteriores y se estimó el 60 por ciento de las reclamaciones.
Descenso
En todo caso, el volumen total de quejas que se tramitan ante este organismo descendió en 2019 un 17 por ciento respecto al ejercicio anterior.
Tras varios años en continua escalada debido sobre todo a la crisis económica de 2008 y que derivó en que las familias más castigadas por la recesión analizaran con lupa el pago de impuestos que les correspondía pagar, el número de reclamaciones comenzó a descender en 2018 y se confirma esta reducción en 2019
Aún así, Galicia sigue entre las comunidades con mayor litigiosidad en materia de impuestos. A la cabeza está Andalucía con 33.800 reclamaciones, le siguen Madrid, con 25.700, la Comunidad Valenciana con 25.300 y Cataluña, con 20.000. Por el contrario, La Rioja, País Vasco y Navarra, son las comunidades con menos quejas.
