Hace menos de un mes, el Ministerio de Universidades anunciaba un nuevo decreto para repensar los requisitos fundamentales para la creación y el reconocimiento de universidades y “garantizar su calidad”. Entre los requisitos que la norma, aún en tramitación, pero con efectos retroactivos, recogerá, el departamento dirigido por Manuel Castells imponía el impartir al menos diez grados, el destinar desde un 5% a investigación o el que la cifra del estudiantado de grados sea, como poco, la mitad de los inscritos en títulos oficiales.

La normativa ha suscitado críticas de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, que alega que los alumnos que van a universidades privadas “no han parado de crecer” y que estos centros “deben tener libertad para elegir su modelo”.

El Foro Emilia Pardo Bazán, que agrupa a la mayoría de las universidades privadas del país, solicita, según informa “El País”, que el período que da el Gobierno para adaptarse a las nuevas disposiciones sea superior a cinco años y ven una intromisión en su “autonomía presupuestaria” que se fije un mínimo de inversión en investigación, además de cuestionar que la cifra de alumnos de grado deba ser superior a la de posgrado o los porcentajes de profesorado doctor en másteres, entre otras.

Hace un mes el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, defendió que para que una universidad “merezca” ese nombre “necesita tener actividad en las funciones fundamentales de lo que es una institución de educación superior.”