La operación Zeta, la investigación judicial y policial sobre las subvenciones iniciada en 2011 a los cursos de formación promovidos por los empresarios Eliseo Calviño y Gerardo Crespo, arranca de nuevo tras dos años paralizada en espera por un informe de la Intervención General del Estado sobre los expedientes de algunas de esas ayudas. El documento de ese organismo del Ministerio de Hacienda refleja que en las 38 actividades organizadas por Crespo analizadas, por las que se recibieron entre 2008 y 2009 subvenciones por 3,6 millones de euros de varias comunidades, el Estado y la Diputación coruñesa, se cometieron presuntamente importantes irregularidades.
El repaso al informe de la Intervención estatal sobre una de las subvenciones, concedida por la Consellería de Traballo en 2009, pone de manifiesto numerosas y trascendentes anomalías que existieron tanto en el proceso de solicitud como en la concesión de la ayuda y el posterior control de la misma, por lo que es reveladora de la actuación de las empresas dirigidas por Gerardo Crespo, a las que se refiere como “trama”.
Un correo descubierto por la policía a una trabajadora de Crespo, en el que advertía a sus compañeros de las maniobras realizadas con los cursos es revelador. “Se han hecho traspasos continuados y de cantidades más que considerables para liquidar las facturas de las justificaciones, lo cual es un riesgo más que considerable”, decía la empleada, quien mencionaba que “todos esos traspasos son entre empresas de Gerardo con el mismo administrador lo que demuestra la vinculación que puede llegar a ser problemática”. Añadía que “los importes de las facturas están desfasadamente hinchados debido a la gran inventiva de nuestro jefe y el corto período de tiempo de liquidar”. Además, reconocía que “las empresas nuevas no tienen personal contratado y facturan a mogollón”, y que “las empresas que facturan alquiler de aulas y ordenadores no disponen de ellos”.
Se trataba de un curso de consultor de formación organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación, entidad presidida por Crespo y a través de la cual solicitaba las ayudas, recibió en 2009 una subvención de 64.068 euros. La cantidad pedida fue de 60.000 euros, pero Traballo se la concedió de 72.000 (57.750 para el curso y 14.271 para ayudas de transporte a los alumnos). Tras la justificación de los gastos realizados, la subvención quedó reducida en casi 8.000 euros.
Al examinar la documentación, Intervención destaca que “tres cuartas partes (74%) de la subvención se ha justificado con gastos realizados a través de empresas vinculadas con el beneficiario” y que no consta que Traballo hubiera conocido este hecho para comprobar que se ajustaran a los precios del mercado y el cumplimiento del principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos.
Pese a que la normativa que regula estas ayudas impide subcontratar la ejecución de los cursos con otras empresas, Intervención detalla que Fundefo usó esa fórmula para disponer de la mayoría del personal docente y que además esas compañías pertenecían al propio Crespo, por lo que de nuevo pone en duda que los precios cobrados se ajusten al mercado. Como muestra de las irregularidades, señala que una de las sociedades de Crespo cobró la hora de formación a 57,14 euros y que la única que no estaba vinculada con él lo hizo a 27 euros, por lo que concluye que el importe facturado por las empresas vinculadas “puede no corresponderse con el coste real” .
Fundefo también contrató con empresas de Crespo los servicios necesarios para el curso, por lo que Intervención sospecha que sus facturas “pudieran estar sobrevaloradas al no constar que el precio en ellas consignado coincida con el coste real”.
El informe detalla asimismo que los alumnos inscritos fueron 13, pero que hubo bajas y altas hasta que al final solo eran seis, de los que se ignora si tenían vinculación con las empresas del grupo.
Acerca del control de la Xunta sobre el curso, la Consellería de Presidencia envió al juzgado que investiga el caso una relación de actividades inspectoras realizadas, aunque Intervención resalta que “no consta en dicha documentación el detalle ni el resultado (fichas) de las inspecciones efectuadas”. También pone de manifiesto que el expediente no contiene los certificados de la Dirección Xeral de Formación e Colocación sobre la realización de la actividad subvencionada, el cumplimiento de la finalidad de la subvención y el alcance de las comprobaciones realizadas para proceder al pago de la subvención, requisitos todos que exige la legislación.
