Los vecinos de la Ciudad Vieja de A Coruña fueron testigos de cómo una furgoneta trasladaba, ayer, algunos de los muebles que decoran la casa Cornide a una ubicación desconocida. El edificio, propiedad de la familia Franco, se encuentra, a día de hoy, en trámites de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a petición del Concello. La Xunta estudia, en estos momentos, los informes históricos y artísticos que el Gobierno local encargó a diversos expertos en la materia. El destino del mobiliario es desconocido. Esta redacción intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con los representantes legales de los Franco.

El Concello anunció hace pocos días su intención de iniciar acciones judiciales para recuperar la titularidad del inmueble, que perteneció a la administración municipal hasta 1962, cuando fue traspasado mediante subasta a Pedro Barrié de la Maza, que luego regalaría el inmueble a Carmen Polo. El Concello apoyará su argumentación en un informe elaborado por investigadores de la Universidade da Coruña que delata las presuntas irregularidades en el proceso.

El BNG, alertado por vecinos, denunció la salida de los muebles, que atribuyó a que “los Franco quieren evitar que pase lo que en Meirás: que se haga un inventario de lo que contiene la Casa Cornide para evitar que se lo lleven de allí”. En un comunicado hace referencia a la supuesta intención de los herederos del dictador de vaciar Meirás antes de su traspaso al Estado, posibilidad que la jueza de Primera Instancia de A Coruña bloqueó.

De este modo, los Franco no pudieron retirar los bienes de Meirás, que fueron inventariados y catalogados. El caso de Cornide es diferente. Al estar la propiedad en trámites para optar a ser BIC y no haber sido reclamada aún su titularidad en los tribunales, no existe orden que impida a los Franco retirar el mobiliario. Al no haber un inventario de los bienes, es complicado discernir si los objetos que alberga son parte del patrimonio público.

Carlos Aymerich, coautor del informe jurídico, declaró a este periódico que, si bien los Franco tienen libertad para vaciar el edificio, la normativa patrimonial “permite adoptar cautelarmente algunas medidas”. Una posible vía, entiende, sería “incoar la denominación BIC, adoptar estas medidas e impedir que se estropee el valor histórico del bien y de su contenido”.