El COVID ha alterado el funcionamiento de todas las administraciones, incluso de las municipales, que presentan el balance más saneado de todas, sumando, en Galicia, ocho años consecutivos de superávit. Pero la pandemia ha supuesto un extra de actividad y gasto, al tiempo que un freno a la recaudación debido al frenazo económico. Tras el estado de alarma que duró 100 días desde mediados de marzo, los concellos también se vieron obligados modificar la tendencia de los últimos tres años, engordando el saldo de facturas en el cajón no incorporadas al presupuesto hasta los 32,3 millones de euros en comparación con el mismo período del año pasado.
Las entidades municipales disponen de una herramienta para aplazar la incorporación de albaranes de servicios por parte de terceros a sus cuentas. Se trata de la “cuenta 413”, que se refiere a los “acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”. Oficialmente, se trata de “las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma”, según la definición del Ministerio de Hacienda. No figuran en los libros todavía, pero ello no significa que no se paguen.
El montante de ese saldo suele experimentar un comportamiento similar durante cada ejercicio. Va creciendo desde junio a final de año y desciende durante el primer semestre del año, debido al cierre del ejercicio, en el primer caso, y a la incorporación de las liquidaciones presupuestarias en el segundo, que permiten cubrir gastos.
Este año también descendió el montante que suman las facturas en el cajón, que pasó de 49 millones en marzo a 32,9 en junio, según las cifras de Hacienda. Sin embargo, la comparación con los ejercicios anteriores, que refleja la situación en momentos análogos, revela el impacto del COVID, que ha sobrecargado de tareas y nuevos gastos a los municipios, lo que ha motivado que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) demande fondos adicionales como los que el Gobierno central recibirá de Europa y las administraciones autonómicas han ingresado desde el Ministerio de Hacienda.
Los concellos gallegos engordaron más de un 73% este capítulo respecto al segundo trimestre de 2019. Entonces, era apenas de 18 millones, frente los 18,3 del mismo período de 2018 y a los 24,9 de 2017. Se trata, por tanto, del primer aumento de los últimos tres años a mitad de un ejercicio, de acuerdo con las estadísticas disponibles de Hacienda.
El número de ayuntamientos que cuenta con dinero aparcado en la “cuenta 413” también repuntó ligeramente, pasando de los 53 de junio del año pasado a los 62 de este ejercicio. De ellos, 23 se encuentran en Pontevedra, 3 en Ourense, 7 en Lugo y 29 en A Coruña.
En los primeros puestos aparecen los municipios pontevedreses de O Porriño, con 4,9 millones de euros en la “cuenta 413”; Salvaterra, con 2,7; y A Cañiza, con 2,4.
La tabla la lidera A Coruña con 13,2 millones, 10 más que a mediados de 2019, aunque por debajo del primer trimestre. Vigo arroja un saldo nulo y Ourense no ha enviado datos a Hacienda.
Santiago desplazó al cajón 254.478 euros; Ferrol, 343.372; Lugo, 113.524; y Pontevedra, 3.764.
Los municipios atendieron a 17.000 personas más durante el confinamiento
El confinamiento impuesto durante el estado de alarma entre marzo y junio para contener el avance de la pandemia supuso un “colapso” de los servicios sociales de muchos concellos, sobrepasados por la intensidad de una crisis económica que forzó a miles de personas a pedir ayuda incluso para llevar comida a sus mesas. Durante el confinamiento, los servicios sociales municipales atendieron a 17.317 nuevos demandantes de ayuda, según el balance elaborado por la Fegamp.
Esa sobrecarga supuso un gasto adicional de 5,8 millones de euros al mes sin que los municipios recibiesen fondos extra. Seis de cada diez ciudadanos que pidieron ayuda eran trabajadores a la espera de recibir ayuda por un ERTE o autónomos que habían cerrado su negocio. "Un 42,8% eran familias monoparentales con menores, un 40% usuarios del servicio de ayuda en el hogar y un 28,5% ciudadanos en riesgo de exclusión social “con trabajos vinculados a la economía sumergida”. A ello se unió el colapso burocrático, pues los servicios sociales locales son los encargados de gestionar las solicitudes para percibir la renta de inclusión social y recibieron un aluvión de peticiones de información sobre el ingreso mínimo vital. Por ello, la Fegamp reclama una única normativa para aglutinar este tipo de ayudas y mejorar su prestación. Fue la demanda de ayudas económicas para necesidades básicas la que más aumento (+51%), seguida del servicio de ayuda en el hogar (+18,4%), medidas para la reinserción social (+15,7%) y comedores y prestaciones similares (+11,4%).
