La Xunta adelantará el plazo de inscripción del próximo curso para dejar sin efecto los criterios de elección de centro, público o concertado, que establecerá la ley Celaá cuando entre en vigor. Esta decisión no es exclusiva de Galicia, sino que también la aplicarán las demás comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León). El anuncio lo realizó ayer el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y posteriormente fue ratificado por la Consellería de Educación. “Sí. Estamos trabajando en esa línea. Viendo la posibilidad de que la ley afecte lo menos posible”, certificó el departamento dirigido por Román Rodríguez.
“Allí donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”, declaró Pablo Casado tras su visita a la empresa de distribución farmacéutica Hefame en Murcia.
"Donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado”
El líder del PP afirmó que hará todo lo posible, dentro del marco competencial autonómico, para que la ley Celaá no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de Educación.
Los populares, que se muestran muy críticos con la nueva norma de educación –que todavía no ha sido aprobada–, recurren así a una suerte de estrategia conjunta para esquivar su aplicación. Es una especie de acto de rebeldía, pero dentro del marco legal. Porque si un curso escolar se diseña con la actual ley y las inscripciones –reserva de plaza– se realizan conforme a ella, en principio no se le podrían aplicar los preceptos de la nueva norma y el proceso de asignación de alumnos a los centros seguiría bajo el amparo de la ley que estaba vigente cuando se formalizó la inscripción, paso previo a la matrícula.
El Gobierno central defiende que con la nueva norma se reforzará la educación pública y se evitará la segregación por motivos socioeconómicos con el objetivo de impedir que los hijos de las familias más vulnerables se concentren en los centros públicos.
Para priorizar ante todo la educación de titularidad pública, la ley elimina la expresión de “demanda social” que acuñó José Ignacio Wert en la Lomce y que establecía qué tipo de plazas había que ofrecer para garantizar a la ciudadanía su derecho a la Educación. Implícitamente significa que si los padres piden más plazas en escuelas concertadas, pues esta demanda debía ser atendida y financiada con fondos públicos.
La norma fija también como criterios prioritarios en el proceso de admisión de un alumno la existencia de hermanos en el centro, la cercanía al domicilio o lugar de trabajo de los padres y la renta per cápita familiar. El de proximidad al domicilio será, además, el único que pueda representar más del 30% de la puntuación que se determine para cribar las matrículas.
Estos cambios, junto con otros que afectan también a los centros concertados, son interpretados por el PP como una vía para impedir que los padres puedan ejercer el derecho a elegir el centro educativo para sus hijos. De ahí que las comunidades regidas por los populares, en una acción conjunta, hayan decidido adelantar los plazos de inscripción para evitar, al menos el próximo curso, que les afecten los preceptos de la Ley Celaá.
En todo caso, no será la primera vez, ni mucho menos, que la Xunta tome una decisión en el ámbito educativo para esquivar una norma del Gobierno central. Ya pasó con el real decreto de aprobado general, por motivo de la pandemia, para promocionar en ESO y Bachillerato este curso. La Consellería de Educación descartó esta fórmula y estableció que para poder superar ambas etapas educativas es necesario aprobar toda las asignaturas, salvo en ESO, que de forma excepcional se podría hacer con dos materias suspensas.
Ampliada la OPE de Formación Profesional con 240 nuevas plazas para estabilizar al profesorado
Poco antes del anuncio de un adelanto del proceso de inscripción escolar para esquivar la Ley Celaá, la Consellería de Educación había avanzado otra decisión destinada a “contrarrestar los efectos” de la misma norma. Es la ampliación de la oferta de empleo público que se celebrará el próximo año con 240 nuevas plazas destinadas a estabilizar a profesores técnicos de Formación Profesional. Así lo indicó el conselleiro, Román Rodríguez, durante una visita a un instituto de FP de Santiago. Rodríguez justificó esta nueva convocatoria como una medida para dar “certezas” y compensar los efectos de la Ley Celaá, norma en la que se plantea la extinción de este cuerpo de docente. Esta nueva oferta fue acordada con los sindicatos que conforman la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Interinos (CC OO, FesP-UGT, ANPE y CSIF) y la próxima semana se llevará a la mesa sectorial. Estas 240 plazas se unirán a las 336 ya convocadas en la OPE de 2020, por lo que el total ascenderá a unas 576 para este cuerpo. Esta circunstancia, teniendo en cuenta que el total de interinos en esta modalidad asciende a unos 850, permitirá lograr “una gran estabilidad”, según el conselleiro. La convocatoria se publicará los primeros días de 2021 aunque estará regulada por la misma normativa de la oferta de empleo público de 2020. Cocina y pastelería, Equipos electrónicos, Estética, Fabricación e instalación de carpintería y mueble, Instalaciones mantenimiento de equipos térmicos e de fluidos, Instalaciones electrotécnicas, Laboratorio, Mantenimiento de vehículos, Mecanizado y mantenimiento de máquinas, Operaciones y equipamientos de elaboración de productos alimentarios son algunas de las especialidades convocadas.
