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Las gestorías podrán tramitar licencias de obra en los concellos para recortar plazos

La futura ley de reactivación autoriza esta vía, si bien los ayuntamientos son libres de aceptarla o desecharla | El PPdeG reclama un “mínimo de colaboración” municipal

Reforma de un local en Vilagarcía

Reforma de un local en Vilagarcía NOÉ PARGA

La ley de reactivación económica, que se tramitará por la vía de urgencia en el Parlamento gallego, nace con la intención declarada de la Xunta de agilizar y reducir los plazos de tramitación de cualquier proyecto empresarial. Pero una de las patas de este propósito se apoya sobre los ayuntamientos, ya que de ellos depende, entre otros aspectos, la concesión de las licencias de obras, para lo cual disponen de tres meses de plazo para pronunciarse como marco general, si bien la duración media del procedimiento llega a los seis o siete meses en función de la carga de trabajo municipal. Con el objeto de evitar que la concesión del permiso retarde nuevos negocios y al mismo tiempo contribuir a aliviar la gestión de los concellos, la ley autorizará que determinadas gestorías puedan realizar la tramitación previa de los permisos de obras, de forma que los ayuntamientos tan solo tengan que firmar la autorización final y se puedan desentender de los pasos intermedios. Con esta medida, la Xunta calcula que desde que se presenta la solicitud, con un mes de plazo debería bastar para autorizar las obras.

No obstante, no todas las gestorías, ni mucho menos, están capacitadas para realizar esta tarea. Las únicas que pueden son las acreditadas por la Xunta como entidades de certificación de conformidad a la legalidad urbanística, creadas inicialmente para ayudar en la gestión de grandes proyectos y que actualmente son ocho las registradas. Pero ahora se les abre un nicho de mercado en el urbanismo básico al quedar autorizadas para tal fin en la ley de reactivación, tal y como sucede también en otras comunidades autónomas.

Estas gestorías, en todo caso, son especiales. Porque tienen que avalar que el proyecto de obras se ajusta a la legalidad urbanística y al planeamiento vigente en todos sus extremos y porque además son las responsables de que nada se desvíe, teniendo que responder con su patrimonio de las irregularidades. Por eso, se les exige un determinado umbral de solvencia y avales para cubrir eventuales responsabilidades, porque el promotor queda eximido.

Pero a cambio, sus gestiones son válidas a todos los efectos, pudiendo sustituir los respectivos informes urbanísticos y jurídicos de los ayuntamientos con todas las garantías legales. Ya no serían preceptivos, como ahora, estos dos documentos municipales, aunque sí la autorización final de inicio de obras.

“Se requiere un mínimo de colaboración por parte de los concellos”

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No obstante, las competencias en urbanismo son exclusivas de los concellos y el Parlamento autonómico no puede cambiarlas ya que se regulan por leyes estatales. De ahí que para que esta modalidad de tramitación funcione y se acorten los plazos para la concesión de licencias, es necesaria la predisposición de los gobiernos locales. “Se requiere un mínimo de colaboración por parte de los concellos”, reconocen fuentes del PPdeG, el partido que está impulsando la ley de reactivación en el Parlamento, dado que así su aprobación resulta mucho más rápida que si el promotor fuera la Xunta.

Estas gestorías deben ser acreditadas previamente por parte de la Xunta

Este sistema sería válido para cualquier tipo de obra, pero está pensada básicamente para las iniciativas empresariales que requieren una modificación de las infraestructuras y, por tanto, el permiso de los respectivos concellos. Da igual la envergadura del negocio o el tipo de actividad. Todas son susceptibles de adecuarse al nuevo procedimiento, lo mismo incluso que las obras particulares en viviendas o edificios.

Lo que tiene que hacer un concello es simplemente reconocer la certificación de conformidad a la legalidad urbanística, dado que este procedimiento alternativo es lo que será autorizado por la ley de reactivación. Lo que permitirá también, según fuentes del PP, que proliferen este tipo de gestorías al contar con un nuevo nicho de mercado.

Pero resulta necesaria la colaboración de los concellos. Porque un concello puede recibir los informes de la entidad de certificación, no hacerle caso y hacer los suyos propios. O tenerlos en cuenta pero no responder en el plazo de un mes. Ante esta actitud, la Xunta nada tendría que hacer. Y en urbanismo el silencio administrativo es siempre negativo. De cualquier modo, opte por la fórmula que opte un gobierno local, al final siempre será necesaria la autorización final del concello mediante la firma del responsable de urbanismo.

Con carácter general, la ley establece un plazo orientativo de un mes para responder a las certificaciones de conformidad, que deberían ser de 15 días para determinados supuestos, como proyectos de instalación de producción eléctrica y de autoconsumo, obras en establecimientos hostelería y turístico para aumentar la distancia social o adecuarse a protocolos sanitarios siempre que no supongan un aumento del volumen edificado.

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