El parón económico causado por la pandemia de COVID-19, especialmente durante el confinamiento de casi cien días que supuso el primer estado de alarma, tuvo como consecuencia una caída de los abusos empresariales. Las propuestas de sanción por parte del Instituto Galego de Consumo e da Competencia durante los ocho primeros meses del año se redujeron casi a la mitad, pasando de 1.116 en el mismo período del año pasado a solo 581. La cuantía de las sanciones también se desplomó en similar proporción, pasando de 5,2 millones de euros a 2,8, si bien los recursos a que tienen derecho las compañías alargan los procesos y dificultan saber qué cantidades son cobradas finalmente

Consumo constituye el guardián al que los clientes acuden en caso de supuestos abusos de las empresas cuando, por ejemplo, les cobran por un servicio de telefonía deficiente, su banco les factura comisiones que consideran injustas, una compañía de viajes no les reintegra el importe de unas vacaciones canceladas o un concesionario se desentiende de problemas con un coche o cuando les cortan el suministro eléctrico de forma equivocada o excesiva. Este último supuesto fue eliminado de la lista al prohibirse los cortes durante el estado de alarma.

Antes de acudir a la justicia, el consumidor dispone de la opción de acudir al árbitro, que es el papel que ejerce el Instituto Galego do Consumo e da Competencia, dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Entre enero y agosto, este organismo autonómico abrió la mitad de expedientes sancionadores que en el mismo período del año anterior, aunque la diferencia entre las quejas recibidas no fue tanta. En 2019, las reclamaciones fueron 13.573, mientras que este ejercicio se redujeron a 11.205, lo que supone casi un 18% menos.

Los laudos arbitrales se situaron a medio camino, con un 33% menos: 2.290 en 2019 por 1.517 este año.

El motivo de este descenso de abusos y quejas radica en el frenazo causado por la pandemia de COVID-19. “Los datos de este año están motivados por diferentes circunstancias como la menor actividad económica y comercial debido al cierre de diferentes establecimientos no esenciales a partir de marzo, la interrupción de los plazos administrativos durante el estado de alarma y, en el caso de las compañías eléctricas, existe un menor numero de expedientes ya que no podían interrumpir el suministro y, por lo tanto, hubo menor número de reclamaciones”, alegan desde Economía.

De nuevo, telefonía y compañías del sector energético y eléctrico encabezan la lista de conflictividad y sanciones. En el primer caso, suman 3.328 y 1.256 quejas, respectivamente, lo que supone un descenso del 33% y el 27% en cada caso.

En el caso de las multas los descensos son más acusados. Los expedientes pasan de 264 a 82 en el caso de la telefonía por un importe que va de 1,1 millones de euros a apenas 334.683. En el caso de la energía, los casos descienden de 131 a 83 por valores que van de 1,2 millones a 667.622 euros.

Solo tres apartados experimentan un repunte de la conflictividad y su relación con la pandemia parece evidente especialmente en los dos primeros. Se trata del turismo-ocio y de transportes, cuyas reclamaciones aumentan vinculadas a las suspensiones de vacaciones. En el primer caso, se disparan un 41% (de 605 a 854) y en el segundo, un 19% (de 697 a 833). También se incrementan en el terreno financiero (de 534 a 648).

En el ámbito de sanciones, en turismo-ocio cayeron de 35 a 28 ( de 113.526 euros a 77.002) yen transportes, de 72 a 39 (de 276.613 a 191.602 euros). En servicios financieros aumentaron de 12 a 13 (de 32.103 a 42.600 euros).