Con 15 años de retraso, Xunta y entidades locales pretenden delimitar por fin las competencias de cada parte y así establecer con nitidez las necesidades de financiación para prestar servicios correctamente a los ciudadanos en terrenos pantanosos como la gestión de ayudas sociales, limpieza de edificios públicos, centros educativos o determinado tipo de sanciones. El Pacto Local de 2006 ya fijó la intención de resolver este conflicto, pero la crisis de la pandemia de COVID-19 ha obligado a ambos bandos a tomarse más en serio esta cuestión, que abordarán mediante una auditoría el año que viene. “Es imprescindible”, aseguran desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). “Es inaplazable”, considera la Xunta.
El asunto es urgente para los municipios, como le ha trasladado en varias ocasiones el presidente de la Fegamp, Alberto Vázquez, a la Xunta. La última ocasión fue este jueves, cuando se entrevistó con el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez. Echa en falta más fondos para asumir tareas extra la limpieza y desinfección de centros escolares, que les cuestan 11 millones de euros a los municipios. De momento, no recibirán más partidas.
A esa tarea se añaden el refuerzo del servicio de ayuda en el hogar, la tramitación de peticiones del ingreso mínimo vital, el aplazamiento o suspensión del pago de tributos... “Eso no está calculado, pero es un desgaste de las arcas municipales porque no recibimos ni un euro. La Fegamp no se cansará de reclamar fondos extraordinarios para sufragar los gastos de la pandemia como ya recibieron tanto el Gobierno del Estado como la Xunta”, alegan desde el organismo municipal.
El conflicto viene de atrás, pero el coronavirus ha intensificado el problema de definición competencial. “En 2020 por culpa de la crisis sanitaria, se puso de manifiesto la inaplazable necesidad de delimitar y clarificar las competencias de las administraciones locales y autonómica. Con este objetivo, la Dirección Xeral de Administración Local colaborará con la Fegamp en la realización de una auditoría que analice la legislación estatal y autonómica y que clarifique los ámbitos competencias de las administraciones públicas”, se compromete el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo en los presupuestos de 2021.
Ya se han dado pasos en este camino, como la asunción, por parte de la Consellería de Sanidade, de los gastos vinculados a los ambulatorios, proceso iniciado hace una década.
La Fegamp urge esta aclaración ya no solo por los nuevos trabajos vinculados al COVID, sino “por todas las competencias ajenas” asumidas “desde hace tiempo”, aspecto “agravado” ahora. “Este análisis de reasignación de competencias con la correspondiente financiación es una materia pendiente. La Xunta ya se comprometió a ello en 2006, cuando se firmó el Pacto Local, pero es uno de los puntos pendiente”.
Mientras no se concreta un proceso “que llevará tiempo”, los concellos consideran “necesario avanzar de alguna manera” en la financiación de servicios locales, que luego se concretará en instrumentos como un fondo de compensación interterritorial o en un fondo de financiación de competencias autonómicas prestadas por los ayuntamientos, aspectos contemplados en el Pacto Local de 2006.
