Los nietos del dictador Francisco Franco deberán entregar provisionalmente el pazo de Meirás el 10 de diciembre a las 11.00 horas y solo podrán retirar del inmueble los “objetos de estricto uso personal” o aquellos que, “por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural”, siempre que “su retirada en nada comprometa sus posibles usos definitivos” .
Es, en resumen, el contenido del auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que rechaza íntegramente las alegaciones de los Franco y acepta la petición del Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y ayuntamientos de Sada y A Coruña de declarar a la Administración General del Estado depositaria cautelar de los bienes hasta que haya una sentencia definitiva sobre la titularidad del pazo de Meirás. El auto no es firme y los Franco pueden presentar recurso ante la Audiencia.
La jueza Marta Canales se ratifica en el auto del pasado 9 de noviembre en el que ordenó realizar un inventario de todos los bienes y prohibió retirar ningún elemento del inmueble sin su autorización expresa. Rechaza las alegaciones de los Franco, que exigieron la revocación de esta medida cautelar al considerarla “improcedente” y un ataque a la intimidad de la familia. La magistrada considera más que fundamentadas las razones de urgencia que le llevaron a ordenar un inventario e incide en que fueron los propios nietos del dictador los que “provocaron” la medida, en alusión a una noticia de La Razón que, citando a fuentes próximas a la familia, avanzaba el inminente “vaciado” del pazo.
“La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar el pazo, previamente quieren proceder al traslado de los bienes en cincuenta camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué”, argumenta la jueza en su auto. Antes de consentir la retirada de ningún elemento, incide, “era necesario saber qué existía en Meirás”: “De no haber adoptado las medidas cautelares, [...] los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido. Por eso las medidas son cautelares, urgentes y sin audiencia”, defiende en respuesta a las alegaciones de los Franco. La jueza pone el acento en que los nietos del dictador en ningún momento negaron que fuese cierta esta información, por lo que el “riesgo sí existía”.
El juzgado concluye que la realización del inventario era necesaria para “asegurar la ejecución de la sentencia” en un futuro y considera también adecuado que sea el Estado el depositario cautelar de los bienes que atesora el pazo . “Su necesidad surge tras la entrada en Meirás el 11 de noviembre ante todos los bienes que allí se encontraron. ¿Cómo no va a quedar el Estado de depositario de los bienes, cuando existen preceptos legales que en principio le pueden permitir defender que hay bienes que sí forman parte de la ejecución de la sentencia y cuando los demandados querían retirar todos los bienes?”, se pregunta.
La magistrada aclara en su auto que la declaración del Estado como depositario de los bienes no implica un reconocimiento posesorio. Apunta que “no tiene sentido abrir” el debate sobre la titularidad de los bienes muebles o sobre qué elementos deben entenderse integrados en la sentencia que ordena la devolución del pazo al Estado hasta que el fallo adquiera firmeza. “Mañana la sentencia puede revocarse siendo un debate estéril”, concluye. Tampoco ve procedente la alusión de los Franco en la vista a un posible pago a cambio de dejar provisionalmente los bienes en el pazo. “La cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado”, se limita a decir al respecto.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha emplazado a los representantes de todas las administraciones que participan en el proceso de recuperación del el pazo de Meirás a una reunión. El encuentro se celebrará el 9 de diciembre, un día antes del fijado para la entrega del inmueble al Estado. En una misiva remitida a Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, la ministra apunta a la conveniencia de mantener una reunión las partes “interesadas en el destino y posibles usos que se dé al pazo de Meirás”.
