A día 1 de este mes, el Instituto Galego do Consumo e da Competencia había recibido ya un total de 294 reclamaciones relacionadas con la empresa de servicios dentales Dentix, que se halla en concurso de acreedores y que cuenta con nueve clínicas en Galicia –dos de ellas en Vigo–, que en este momento se encuentran cerradas, según explican desde la Administración gallega.
Por el momento, a partir de esas quejas, el organismo de defensa del consumidor ha abierto 13 expedientes sancionadores por un total de 28.000 euros, a los que se sumaría ahora otro, de oficio, a instancias de la propia Xunta. Pero no descarta que a estos los sigan todavía más, porque abrir un expediente lleva su tiempo y hay que ir “analizando” cada una de las reclamaciones. Tampoco dan por cerrada la recepción de quejas de clientes, porque, según la información que trasladan facilitada por el Colexio Oficial de Odontólogos de Galicia, con el que colaboran, habría unos 5.800 afectados en la comunidad.
Estos consumidores, explican desde la Consellería de Economía, de la que depende Consumo, se encuentran ante diferentes situaciones, no solo en relación al estado de los tratamientos –en algunos casos, interrumpidos–, sino también por la existencia de créditos al consumo vinculados a la realización de ese servicio.
Al respecto, explican que “la mayor parte” de los tratamientos se sufragaron a través de entidades financieras, “vinculando los créditos obtenidos a la prestación del servicio”. Consumo indica que a estas entidades “se les puede reclamar lo mismo que a Dentix” y por ello desde el Instituto Galego do Consumo también se están realizando requerimientos a las entidades titulares de estos préstamos, “para que justifiquen que se cumplió con el tratamiento contratado con Dentix”. En esa línea, apuntan que es “abusivo el cobro por servicios no prestados”.
María Jesús Muñoz, gerente del Instituto Galego do Consumo e da Competencia, enumera diferentes perfiles respecto a los pagos que también conllevan salidas diferentes: hay clientes que contrataron los tratamientos y pagaron en efectivo, otros realizan el pago de forma aplazada a la propia Dentix y hay quienes contratan el tratamiento y firman un contrato vinculado a ese tratamiento con una entidad financiera. Avanza que Consumo prepara una serie de formularios tipo para facilitar a las personas afectadas para requerir tanto a Dentix, e incluso al administrador concursal, y a las entidades financieras que si no se está dando el servicio se le devuelva a los consumidores el dinero y con las entidades financieras, que se deje de pagar.
Desde Consumo destacan actuaciones desde el punto de vista de la mediación, información, asesoramiento y tramitación de reclamaciones y expedientes sancionadores para velar por los derechos de los afectados. En cuanto a los expedientes abiertos, por ahora tienen el mismo origen: la empresa no ha respondido a los requerimientos de Consumo. En el de oficio se le preguntó por clínicas, clientes, situación... Los 13 incoados a raíz de las reclamaciones sumarían un importe de 28.000 euros. Si bien, explica la gerente, en todos los casos el motivo de apertura del dosier sancionador es la obstrucción a la labor inspectora, a estos podrían sumarse otros relacionados con aspectos de fondo, porque las reclamaciones que llegan al organismo de Consumo son muy diversas.
Están relacionadas, señalan, con aspectos como “el incumplimiento de condiciones de contratación o el derecho al desistimiento, la disconformidad con los tratamientos recibidos, la demora en la prestación del servicio de forma injustificada, la no devolución de las cantidades cobradas ante la falta de prestación del servicio, problemas con el crédito vinculado, incumplimientos de la publicidad en lo referente al precio del servicio o facturaciones incorrectas”.
