Los aspirantes a obtener un puesto en la Administración autonómica tendrán el próximo año una oportunidad “histórica”. A la oferta pública de empleo (OPE) que se lance en 2021 se sumarán las oposiciones que tocaban este ejercicio y que se aplazaron por la pandemia y los procesos pendientes de otros años. Así, la Xunta aprobó ayer la OPE del Sergas correspondiente a 2020 con un total de 985 plazas, de las cuales 652 serán para médicos. Estas oposiciones se acumulan a los exámenes pendientes de otros años, de manera que en 2021 se cubrirán en total 1.319 puestos de facultativos en la sanidad gallega.

Así lo avanzó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello de la Xunta que dio luz verde a la oferta de empleo público del Sergas, con 985 plazas, y a la correspondiente a la administración general, con 2.962 puestos. En total, si se suman a las ya anunciadas en educación se superarán los 7 600 empleos, “la mayor oferta de los últimos doce años”, en palabras del jefe del Ejecutivo autonómico.

En sanidad la OPE incluye 973 plazas de personal estatutario y 12 de funcionarios. Entre el personal estatutario, se ofertarán 652 de facultativos, 275 para enfermeras y un total de 46 para personal de servicios y gestión.

Una de las novedades de esta oferta pública de empleo del Sergas es que dará mayor puntuación en el baremo de méritos a aquellos profesionales que hayan desempeñado su trabajo en hospitales comarcales o en los centros de salud más alejados de las urbes.

Respecto a la OPE de los servicios generales de la Xunta se convocarán 2.962 plazas, de las cuales 2.567 son de acceso libre y 395 para promoción interna.

En esta oferta se incluyen 1.266 puestos para estabilizar a la totalidad del personal del Consorcio Galego de Benestar, que desde su constitución estaban trabajando en régimen de temporalidad.

Además, la Xunta ofrecerá en 2021 un total de 3.410 plazas para que el personal laboral se pueda convertir en funcionario.

El Gobierno gallego aprobó ayer también el nuevo reglamento que regirá el teletrabajo en la administración autonómica y que afectará a unos 7.000 empleados. Esta norma permitirá trabajar desde casa al 60 por ciento de la plantilla.

La Xunta extenderá la conexión de internet de más alta calidad a todo el territorio en 2025

Más de 4.000 millones de euros. Ésa es la cifra que pretende movilizar la Xunta con la puesta en marcha de su Estratexia Dixital 2030. Con estos recursos el Gobierno gallego se propone extender en 2025 las conexiones de internet de 100 Mbps, la denominada banda ancha, al cien por cien del territorio gallego –ahora mismo solo hay cobertura en el 60 por ciento–. El Consello de la Xunta aprobó ayer la estrategia para avanzar en la digitalización de la comunidad autónoma. “Queremos planificar la próxima década desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, de la gestión masiva de datos o la consolidación del 5G”, señaló el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo. Para ello se invertirán 2.450 millones de euros de recursos públicos, tanto de la Xunta como procedentes de fondos europeos. Y habrá otros 1.600 millones de fondos privados.

Atraer inversión

La futura ley de arquitectura fijará directrices para las obras públicas

La estrategia se fija como objetivos convertir a la comunidad gallega en “una región digital de referencia en Europa, implantar un marco digital común para todas las administraciones públicas gallegas, desarrollar un nuevo marco jurídico que regule la nueva realidad digital y buscar un ecosistema atractivo que facilite la inversión privada”. De manera más concreta se intensificará la transformación digital de las administraciones públicas. La meta es que en 2025 el 70 por ciento de los particulares y el 85 por ciento de las empresas se relacionen con la Xunta a través de canales telemáticas –ahora este indicador está en el 50 por ciento de ciudadanos y el 74 por ciento de empresarios–. Otra de las líneas de acción será mejorar las habilidades digitales de la población gallega, de manera que en cinco años el 70 por ciento de los gallegos tengan competencias básicas, un 18 por ciento más que ahora. Y, en el ámbito empresarial, el objetivo es que el 50 por ciento de las empresas y el 15 por ciento de las microempresas vendan sus productos por internet. Según explicó Núñez Feijóo, cada euro invertido en esta estrategia tendrá un retorno de 1,42 euros en la economía gallega, de manera que calcula que el impacto sobre el PIB será de 3.500 millones de euros.

La Xunta elaborará una ley de arquitectura que fijará los estándares mínimos que deberán cumplir las obras públicas, además de simplificar y agilizar la tramitación de licencias de obras. El Gobierno gallego dio ya el primer paso para redactar esta nueva normativa abriendo un periodo de consultas públicas. Según explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta nueva ley definirá las titulaciones profesionales y competencias de los arquitectos, potenciará la seguridad jurídica en este ámbito y reducirá la conflictividad competencial. En el Consello de la Xunta celebrado ayer también se dio luz verde al decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el Mosteiro de San Martiño Pinario. Por otro lado, el Gobierno gallego sacó a concurso los contratos para la conservación de los trechos urbanos de los ríos de la confederación hidrográfica Galicia-Costa por valor de 5,6 millones de euros. Estos trabajos están orientados a evitar inundaciones. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, está la retirada de sedimentos, la eliminación de obstáculos del lecho del río y de las zonas de servidumbre, así como realizar podas y cortas de árboles. En materia de medio rural, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informó de que se han recibido más de 6.000 solicitudes del sector cárnico y del de las plantas ornamentales para optar a las ayudas establecidas por el Gobierno gallego para paliar las pérdidas provocadas en estos ámbitos debido al COVID-19. El propósito es resolverlas antes de acabar el año.