El edificio de la Antigua Audiencia Provincial de A Coruña acogió ayer una vista para debatir dos cuestiones como paso previo a la entrega provisional del pazo de Meirás al Estado, fijada para el próximo 10 de diciembre. De una parte, el recurso de los herederos de Francisco Franco contra las medidas cautelares que les impiden retirar ningún bien del pazo de Meirás hasta realizar un inventario completo y, de otra, la petición del Estado de ser declarado depositario cautelar de todos los bienes, salvo “enseres de uso personal”, hasta que haya una sentencia definitiva sobre la titularidad del pazo.

En la vista, que duró más de tres horas, las partes repitieron básicamente los argumentos plasmados por escrito en sus alegaciones. Estado, Xunta, Diputación y los concellos de Sada y A Coruña pidieron que se mantenga la medida cautelar de elaborar un inventario y que se decrete el depósito judicial de los bienes hasta que haya un fallo definitivo. Fundaron su petición en la necesidad de “preservar la integridad” de este Bien de Interés Cultural y defendieron posponer el debate sobre la titularidad de cada uno de los elementos hasta que la sentencia sea firme.

Los Franco reclamaron el alzamiento de la medida cautelar del inventario y se opusieron a la solicitud del depósito cautelar de los bienes, que ven “clamorosamente improcedente.” Durante la vista, su abogado, Antonio Gil, abrió la puerta a permitir que los bienes muebles permanezcan en el pazo de forma provisional “siempre y cuando sea en base a un acuerdo mínimamente razonable”. “Si se quedan será por un precio razonable, aunque sea simbólico”, recalcó. El abogado reclamó que se rechace la petición del depósito cautelar, que se revoque la obligación de inventario y el veto al traslado de bienes.

El Estado, la Xunta y los concellos no se pronunciaron sobre la posibilidad de ese depósito previo pago que planteó el representante legal de los Franco. Las administraciones adujeron que la solicitud del depósito cautelar de los bienes muebles solo pretende “preservar la integridad del bien”, impedir que el pazo “se desmembre, se desintegre” o que se “pierda la pista” de las piezas histórico-artísticas que atesora. Incidieron en que la medida pretende velar por su correcto uso como Bien de Interés Cultural y garantizar que se conserven los elementos que sean de titularidad estatal, extremo que se concretará cuando haya una sentencia definitiva. “Podemos suscitar un debate totalmente estéril sobre la titularidad de los bienes, cuando puede que la sentencia sea revocada. Ahora lo que se pretende es evitar que la sentencia se incumpla. Nada más”, adujo el abogado de la Xunta, que calificó de “absolutamente simplista y reduccionista la visión” de los Franco.

Las partes demandantes sostuvieron en que las medidas cautelares que piden son “proporcionales” por “el bien del que se trata” y recalcaron que el pazo de Meirás “es un bien demanial” que funcionó como residencia oficial de verano del jefe del Estado y que fue declarado además Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico.

El abogado del Estado, Javier Suárez, adujo que la petición de un depósito cautelar de los bienes se impuso tras anunciar los Franco en prensa su intención de “vaciar” el inmueble antes de su entrega el Estado y que cobró más fuerza tras la visita para realizar el inventario, que disparó las alarmas. “Ahora mismo existen dudas sobre la extensión de las obligaciones de entrega”, apuntó el letrado, que incidió en que hay partes que conforman con el inmueble un todo de carácter indisociable, elementos estructurales como “balaustradas, pináculos, escudos, hórreos, estatuas, cruceiros...” o el pazo de Dodro, trasladado pieza a pieza a la finca de Meirás.