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Lo de España con la ciencia es una relación casi inexistente y tiene un problema de fondo, que arrastra desde hace décadas. Así lo creen los propios científicos ante el nuevo anuncio del Gobierno de modificar la Ley de la Ciencia con el objetivo de motivar la innovación, blindando para los investigadores como mínimo un tercio de los beneficios derivados de su actividad. En cambio, ellos no quieren ser partícipes de ese incentivo.
De hecho, preferirían que esos recursos se destinasen a la contratación de personal y se tradujesen en más fondos para todos los laboratorios, ya que actualmente apenas se destina la “ridícula” cantidad que supone el 1,2% del PIB a I+D. “¿Un tercio para el investigador? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es tener investigadores...”, expresan.
Una de las cuestiones que propone el Ministerio de Ciencia e Innovación para la nueva ley, en trámite de consulta pública, es relativa a la transferencia del conocimiento y de los resultados de la actividad investigadora. Entre otras modificaciones, plantea regular que los científicos participen en las ganancias que obtengan las entidades para las que prestan servicios, estableciendo de manera expresa que “dicha participación ascenderá como mínimo un tercio de tales beneficios”. No obstante, los profesionales que son objeto de esta reforma se muestran escépticos.
En esta misma línea también se manifiesta Carlos Spuch, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. “Yo no quiero ese tercio. Quiero contratar a la gente que tengo en el laboratorio para que puedan seguir”, confiesa.
El principal motivo de esta proposición, según Spuch, es “fomentar que se desarrollen patentes, ya que en España el número es muy bajo”. Sin embargo, considera que medidas como esta “no arreglan nada”. “No me va a estimular más”, comenta. “Si se quiere estimular la innovación, que den medios para hacerlo. Tienen que permitir que los investigadores puedan contratar a gente para desarrollar proyectos”, insiste.
Precisamente, en estos momentos, Spuch tiene a su cargo a tres científicos a los que se le acaba el contrato este diciembre. Así que ahora se encuentra “buscando dinero desesperadamente” para poder renovarles. Una circunstancia que podría cambiar si también sale adelante otra de las modificaciones de la nueva ley, otra de esas “eternas promesas”: la incorporación estable, a través de la creación de un contrato indefinido, revisable en el cuarto año. Las plazas convocadas formarían parte de la Oferta Pública de Empleo lanzada por las administraciones públicas.
Figueras, que cree que “el problema está en el marco legal o si hay fondos” para hacerlo posible. En cualquier caso, urge a “salvar los intríngulis administrativos”: “Esto es un secarral. La entrada de personal es a cuentagotas. Y la gente que se ha formado con nosotros está trabajando fuera con plaza estable, en Noruega, Francia y Estados Unidos. No es que fuesen malos, sino que aquí no se les dio la oportunidad”. Por eso, además de retener el talento, “lo primero que hay que hacer es recuperarlo”.
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