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La universidad de Abanca tendrá que doblar su oferta académica con el nuevo decreto

El Gobierno ultima una norma que endurece los criterios que deben reunir los campus existentes o de nueva planta | Se exige más investigación y producción científica

Alumnos realizando las pruebas de selectividad en julio. |  // MARTA G. BREA

Alumnos realizando las pruebas de selectividad en julio. | // MARTA G. BREA

La universidad privada de Abanca, que pretende convertirse en la primera privada de Galicia, tendrá un poco más difícil su puesta en marcha. El Ministerio de Universidades prepara un real decreto para regular las creación de nuevas instituciones académicas que elevará de forma notable las exigencias y requisitos necesarios para poder implantarse. Habrá que dedicar más presupuesto a la investigación, tener una producción científica mínima, destinar más recursos a los títulos de grado que a los de máster y ampliar la oferta académica hasta, al menos, diez grados oficiales, seis de máster y tres programas de postgrado. Este requerimiento obligará a la Universidad Intercontinental de la Empresa (de Abanca) a duplicar la oferta de estudios con la que pretendía arrancar el próximo año –según se recoge en su memoria del proyecto–, ya que la previsión inicial es empezar con cuatro títulos de grado y otros cuatro de másters universitarios.

Las nuevas exigencias del real decreto que ultima el ministerio tendrán carácter retroactivo y se aplicarán tanto a las universidades ya existentes –sean públicas o privadas– como a las de nueva planta. La idea, según el borrador de la norma, es que en el plazo de cinco años todas las instituciones académicas en activo tengan que estar adaptadas a los nuevos requisitos, que en el caso de las que están en proceso de creación –una en Madrid y la de Abanca en Galicia–, empezará a contar desde su puesta en marcha.

Si transcurrido el plazo se incumplen los requisitos, se le retirará la acreditación como universidad y no podrán utilizar denominaciones similares “que por su significado induzcan a la confusión”.

Si bien las condiciones afectan a todos los campus, el Gobierno pone el foco en los centros privados por considerar que no todos reúnen la calidad adecuada y que el actual decreto, de la etapa de Rajoy, es bastante laxo. Actualmente en España hay 37 universidades privadas, a las que se podrían sumar las dos de Galicia y Madrid, y 50 públicas.

Una de las obligaciones mínimas será la de contar con diez títulos de oficiales de grados, seis de máster universitario y tres programas de postgrado que abarquen al menos tres de las cinco grandes ramas de conocimiento (artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, e ingeniería y arquitectura), si bien las politécnicas constituirán una excepción por su propia naturaleza.

La de Abanca, según la memoria de su proyecto, quiere nacer con cuatro grados y cuatro máster universitarios, porque el real decreto en vigor solo exige ocho especialidades de grado y máster. Así que si al final consigue la aprobación para comenzar a impartir clase, tendrá un plazo de cinco años para adecuar su oferta formativa, al igual que para el resto de requisitos, que son los mismos para todas las universidades, privadas o públicas.

Como objetivo general, el real decreto que elabora el ministerio quiere reforzar el papel de la universidad como tal –no solo como meras academias que imparten docencia–, y que cumpla con la función de investigar y transferir conocimiento. “Sin investigación no hay universidad”, suele decir el ministro, Manuel Castells.

Presupuesto para investigar

De ahí que la norma, que de momento tienen carácter de borrador, establece que las instituciones académicas tendrán que dedicar, al menos, el 5% de su presupuesto a investigar o tener una producción científica equivalente a seis publicaciones firmadas por tres personas en el plazo de tres años. El aspecto investigador se completa con la exigencia de haber presentado cinco propuestas de proyectos de investigación en programas nacionales o internacionales

El real decreto también da un plazo de cinco años para que las universidades adjunten a su memoria –en la que deberán demostrar que cumplen con todas las condiciones exigidas– el Personal Docente Investigador (PDI) que tiene “al menos una evaluación positiva” (un sexenio aprobado) y que debe representar al menos el 60% del conjunto del PDI. Esta evaluación la hará la Aneca o a las agencias de calidad autonómica. Esa memoria también tiene que incluir una relación de los principales indicadores de la producción investigadora de los docentes.

Para las nuevas universidades, si una vez autorizada no se comienza al actividad académica en dos años, se podrá revocar el permiso y no se podrá volver a solicitar su apertura hasta pasados otros dos años.

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