La Xunta repetirá la estrategia de la legislatura pasada, en la que impulsó una ley de impulso de la inversión relajando trámites para poner en marcha negocios. Ahora, usará la vía del PP para acelerar la aprobación de un nuevo texto legal en el Parlamento de espíritu similar, que pretende “cambiar la cultura administrativa” y que incluirá incentivos fiscales. Se rebajará el pago de impuestos autonómicos para la compra o transmisión de inmuebles vinculados a iniciativas empresariales. Será del 50% en las ciudades y del 100% en áreas rurales o poco pobladas, según avanzó ayer Feijóo.
El texto estará listo para entrar en vigor en marzo, cuando España reciba los fondos europeos de recuperación, parte de los cuales derivará a las comunidades. Para su inversión y gestión, la nueva ley determinará normas para planificar e invertir ese dinero.
La administración gallega fijará un plazo general de tres meses para emitir sus informes respecto a proyectos empresariales, salvo que la legislación estatal determine mayores tiempos. Pasado ese plazo, el silencio administrativo se considerará positivo.
Por ejemplo, se pretende rebajar un tercio los plazos para obtener licencias de edificación y rehabilitación y se aspira a que los concellos concedan permisos en plazos de 15 a 30 días recurriendo a empresas certificadoras para acelerar tiempos.
Además, la administración pedirá la emisión de informes sectoriales de forma simultánea para agilizar los tiempos, lo que generará “estrés y tensión” entre el personal autonómico, según Feijóo. Este reconoció que se deberá acudir a empresas privadas para asumir el aumento de carga de trabajo en un primer momento.
La Xunta también prevé mejorar la información para poner en marcha un proyecto empresarial. Publicará catálogos por sectores de actividad que recogerán un listado de trámites necesarios.
