Después de que el anterior fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, formulara una querella contra Pachi Vázquez, su sucesor y otros tres exediles de O Carballiño por presuntos enchufes continuados, el exlíder del PSdeG compareció ante los medios de comunicación, rodeado de una montaña de papeles, unos expedientes de contratación que, según su versión, sí existían, refutando la acusación de que, por norma, omitieron el procedimiento legal. En el juicio de once sesiones contra el exalcalde de O Carballiño, su sucesor Carlos Montes y otros tres exediles, intervinieron ayer dos secretarias que hicieron su labor en el periodo que esclarece esta causa. Tras varias respuestas con silencios y alegando que no recordaba, una de ellas, María Eugenia P. C., acabó reconociendo que sí formuló advertencias legales “verbales” sobre la necesidad de respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Para la contratación de personal temporal –la causa dirime la responsabilidad de 60 altas reiteradas– solo se respetó el procedimiento “excepcionalmente”.

En cambio, la jurídica que ejerció como secretaria accidental entre 2000 y 2004, Silvia A., nombrada por decreto del propio Vázquez y secretaria de Barbadás desde 2004 hasta la actualidad, no apreció ilegalidades ni falta de expedientes. “Por muy bien que te caiga un alcalde, tengo una carrera como funcionaria y una responsabilidad penal. Si tengo constancia de un delito, tengo la obligación de denunciar”, quiso dejar claro.

En su escrito de acusación, la Fiscalía de Ourense sostiene que los políticos en el banquillo encadenaron contratos “con ausencia total del procedimiento existente a tal fin, o, sin atender en dicho procedimiento a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben inspirar la contratación pública”. Según el ministerio público, “fueron celebrados a pesar de que los acusados fueron informados, con informes escritos y de manera verbal, del incumplimiento, durante la tramitación de los procedimientos de contratación de los trabajadores, de los trámites necesarios para constatar el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir los mismos”.

La testigo María Eugenia P. C. llegó en 2004 a O Carballiño para ejercer de secretaria, cuando Pachi Vázquez aún era alcalde (desempeñó el cargo entre junio de 1995 y agosto de 2005, momento en el que cesó para ser conselleiro de Medio Ambiente en el gobierno bipartito de la Xunta). Tras varias respuestas titubeantes, acabó admitiendo que solo en algunos casos se respetaban los procedimientos legales para la contratación de personal. Sobre los decretos que formalizaban las altas laborales, la secretaria declaró ayer que su firma no era un aval de legalidad. “Yo ni pinchaba ni cortaba”. También aseguró que no leía esos papeles. María Eugenia, al igual que otros testigos que intervinieron ayer, afirma que ninguno de los políticos en el banquillo le dio instrucciones, ni el nombre de a quién contratar.

Silvia A. empezó en O Carballiño como asesora jurídica externa, en el año 1998, con Pachi Vázquez como alcalde. Entre 2000 y 2004, tras un paso por la jefatura municipal de Urbanismo, ejerció como secretaria accidental, nombrada por decreto del mismo. La técnica, que intervenía supervisando y controlando la legalidad de los procedimientos, asegura que, en su periodo, sí existían expedientes y se cumplían los requisitos. Durante su cuatrienio como secretaria accidental, esta funcionaria no advirtió ilegalidades. En su intervención ayer en el juicio, también incidió en que no existía un procedimiento reglado para la contratación temporal, pero regían los requisitos de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.