El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reanimado el debate sobre la posibilidad de implantar peajes en la red de carreteras del Estado, si bien en esta ocasión se aplicaría en función del perfil del usuario, descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesitan transitar por ellas frecuentemente porque no tienen otras alternativas en su itinerario. El abono de la tasa quedaría sujeto, por tanto, a las actividades económicas que se benefician de la infraestructura.

Según sus palabras, habría que distinguir entre los usuarios que utilizan las carreteras para ir a trabajar de las actividades económicas que sacan provecho o mejoran su nivel de competitividad, como podrían ser las empresas de transporte de mercancías y de viajeros. “A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”, explicó en el “Primer simposio del observatorio de la movilidad”, organizado por El Español e Invertia.

Algo parecido propuso el pasado verano, aunque en aquella ocasión se hablaba de un peaje mínimo para todos los usuarios con el fin de recaudar fondos con los que atender el mantenimiento de los miles de kilómetros de carreteras que atraviesan en España. Sin embargo, ante las quejas del sector del transporte y de algunas comunidades autónomas, el ministro recondujo su postura al asegurar que no había ninguna propuesta en firme para implantar más peajes.

Pero ahora, con matices diferentes a los de entonces, vuelve a plantear el pago por usar la red viaria, argumentando, además, que “no es justo tener territorios con peaje y otros libres de él”. Ábalos aseguró que estas diferencias en el cobro de peajes en función del territorio en el que los usuarios circulen “no es hacer una España igual para todos”, defendiendo un principio “de igualdad territorial sin discriminar a los usuarios”.

“Trabajar en igualdad no es tratar a todos por igual, sino reconocer las diferencias de las personas, las necesidades diferentes y sus motivos diferentes, pero sí hay que dar oportunidades a todo el mundo para actuar en igualdad”, continuó justificando.

Este debate surge como respuesta a las grandes necesidades de financiación destinadas a la conservación de las infraestructuras ya ejecutadas, que, según el ministro, ya concentran todo el presupuesto público actual, dejando poco margen para la obra nueva.

Añadió que, en la medida en que vayan finalizando concesiones, va a haber además mayor demanda de recursos para conservar los nuevos kilómetros de vías de alta capacidad que se sumen a la red general. Y recordó que, en todas las infraestructuras de transporte (aéreas, marítimas o ferroviarias), se paga por el uso y solo está en el debate el caso de las viarias, donde hay unas necesidades que atender que el presupuesto no cubre.

“Estamos en un escenario de asumir desafíos y retos y este tendremos que planteárnoslo”, expuso el ministro, pero tendrá que ser un debate “pacífico y racional” y, en lo posible, con todas las administraciones, porque no todas las vías de alta capacidad son nacionales.

Según Ábalos, es un debate pendiente de cara al futuro inmediato y debe ser un planteamiento no solo de las fuerzas políticas, sino también de las administraciones “porque si todas nos ponemos de acuerdo va a ser mucho más eficaz el modelo que se pueda imponer”.

Respecto al otro gran ámbito de la movilidad de su Ministerio, el del ferrocarril, Ábalos defendió la liberalización inminente del sector para amortizar y rentabilizar la inversión realizada por el Estado, a la vez que abarata lo costes para los usuarios.

El ministro también se refirió al ferrocarril de mercancías como “una asignatura pendiente del país”, por lo que cree que la prioridad es avanzar hacia la intermodalidad del transporte, conectado las vías de tren con los puertos y con el transporte por carretera a través de las llamadas autopistas ferroviarias.