La administración gallega protegerá los 10.885 volúmenes que componen la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán, de los que 2.972 continúan en el interior del pazo de Meirás, propiedad de la familia del dictador Francisco Franco, obligada a entregar al Estado antes del 10 de diciembre por sentencia judicial. Otros 7.883 están custodiados en la sede de la Real Academia Galega (RAG). La vía elegida para salvaguardar esa colección es su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), trámite que se realizará el martes o miércoles, lo que conllevará que pase la tutela de forma provisional a la Consellería de Cultura e Educación.

El conselleiro Román Rodríguez anunció que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará en dos o tres días el inicio de esta tramitación en compañía del presidente de la RAG, Víctor Freixanes, en un acto en la sede de esta institución celebrado ayer.

Rodríguez explicó que la colección bibliográfica de la escritora, que vivió en el pazo de Meirás, reúne las características de patrimonio no solo por el valor de “todos los ejemplares" que la componen, sino también por la "figura a la que está ligada”.

El expediente abre la puerta a que se sumen más volúmenes que podrían estar en paradero desconocido, una vez se constate que pertenecen a esta colección. De hecho, esta labor se vería facilitada por una cuna de color rojo con la que el hijo de la escritora, Jaime Quiroga y Pardo Bazán, encargó registrar todos los libros.

La biblioteca recibirá el “máximo nivel de protección patrimonial que existe en Galicia y en España”, lo que garantiza “la integridad” de toda ella a pesar de encontrarse dividida entre Meirás y la sede de la RAG, informa Europa Press.

El plazo máximo para la declaración de un BIC es de dos años desde el inicio del trámite, pero Rodríguez prometió que “muchísimo, muchísimo menos”.

Al respecto, el presidente de la Academia declaró que “lo importante es que ya esté protegido”. “Lo que nos preocupaba era que alguien pudiese distraer libros, y eso es lo que ya está garantizado”, añadió Freixanes.

Como recordó el conselleiro, el traslado de cualquier BIC –al igual que las estatuas del Mestre Mateo, en manos de los Franco, pero reclamadas judicialmente por el ayuntamiento de Santiago– precisa de autorización por parte de la Xunta.

Freixanes reconoció la “preocupación” de la RAG, responsable del cuidado del patrimonio cultural y de la producción intelectual de Emilia Pardo Bazán por decisión de su hija y heredera, Blanca Quiroga, por las obras situadas en el pazo de Meirás. “Esos libros también forman parte del patrimonio intelectual de la autora. Igual que se reivindica el edificio, la RAG reivindica sus libros”, dijo.

Según un inventario elaborado en 2015 por la RAG y por la conservadora de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, hay casi 3.000 libros en el pazo que son de la escritora.

La académica Marilar Aleixandre matizó solo serán declarados BIC 2.972. “Los otros son de después de 1930, porque pueden ser de los Franco o comprados en otro momento”, aclaró.

Los Franco se oponen a la cesión de bienes del interior de As Torres y a realizar su inventario

Los herederos del dictador Francisco Franco presentaron el viernes 20-N el escrito de oposición a las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que les ha prohibido retirar ningún bien del pazo de Meirás hasta realizar un inventario completo. En un recurso de 19 páginas al que ha tenido acceso este diario, el despacho de Luis Felipe Utrera-Molina tacha de “improcedente” la orden de la jueza que, critica, se dictó sin previa audiencia a los demandados. Los Franco, obligados a devolver el pazo de Meirás al Estado, alegan que el fallo se limita al edificio y fincas intramuros. En contra de lo que mantiene la Abogacía del Estado, los descendientes del militar golpista sostienen que la declaración de As Torres como Bien de Interés Cultural se circunscribe al edificio y que la propia ley de patrimonio estipula que para extender la catalogación a los bienes muebles del interior, estos deben identificarse previamente. Los letrados Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil Evangelista llaman la atención sobre el hecho de que el propio decreto de declaración de BIC de 2008 no recoge un inventario de los elementos del interior a proteger, extremo sobre el que llamó también la atención el Concello de Sada en su momento. Los Franco se oponen a realizar un inventario bienes, que violaría su intimidad, y no trasladar estos. Alegan el pazo sufrió un incendio en 1978 y que “la inmensa mayoría” de los bienes depositados actualmente en el inmueble “están allí desde una fecha posterior a la del fallecimiento”.