Si la pasada semana la Xunta anunciaba el aplazamiento a 2021 de todas las oposiciones previstas para este año por la situación de crisis sanitaria, ayer se conoció el esquema que se seguirá en la realización de las futuras pruebas, también marcadas por el Covid-19, cuyos efectos se extienden a todas las actividades económicas y relaciones sociales. Las oposiciones, en este contexto, serán insólitas. De hecho, frente a la práctica habitual, para una misma categoría el Gobierno gallego prevé que las pruebas se puedan hacer en turnos, días y sedes distintos y con exámenes diferentes sobre el mismo temario. Todo ello para evitar las aglomeraciones de personas e intentar guardar las medidas de seguridad.
Estos cambios se recogen en ley de acompañamiento de los presupuestos, cuyo proyecto lo aprobará hoy el Consello de la Xunta, y ayer se discutieron en la mesa general de Función Pública con los sindicatos, si bien estos no tendrán capacidad de negociación ni de plantear correcciones al texto porque se llevará de forma inmediata al Parlamento y ya solo los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la ley, que entraría en vigor, presumiblemente, a finales de febrero.
La razón de modificar el esquema de las oposiciones es la de dotar al Ejecutivo autonómico de mayor libertad y margen de maniobra para realizar los procesos de selección de personal, sin necesidad de ajustarse a la estructura férrea con que habitualmente se organiza y que consiste en citar en un solo día para hacer el mismo examen a cientos o miles de personas, generalmente en el recinto ferial de Silleda.
Pero como no se quiere concentrar a tantas personas juntas por el riesgo de extender el coronavirus, la Xunta ha diseñado un nuevo marco con numerosos supuestos que le confieren una notable flexibilidad para organizar y afrontar las pruebas. Porque son más de 40.000 las personas inscritas en las oposiciones que se iban a celebrar este año, de las que cerca de 15.000 competirán por la categoría de subalterno, la que presenta un mayor número de aspirantes. Las plazas que había en juego este año son 7.380, si bien todas ellas quedaron aplazadas para 2021 al no poder celebrarse por la crisis sanitaria.
En la exposición de motivos, el Gobierno gallego alega las “circunstancias excepcionales” derivadas de la pandemia, lo que hace recomendable que cada consellería de la que dependan orgánicamente las oposiciones pueda adoptar diversas medidas para garantizar la seguridad sanitaria, aunque deberán justificarlas de forma motivada y siempre y cuando persistan las precauciones forzadas por el coronavirus.
Entre las opciones que se detallan figura “la posibilidad de realizar los ejercicios de los procesos selectivos en distintos turnos, realizando en su caso distintas pruebas sobre el mismo temario; además, se podrán realizar los ejercicios en distintas sedes, distribuyéndose las personas aspirantes de la forma que determine el órgano convocante, siempre que quede garantizado el respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público”.
Los aspirantes sospechosos de Covid o con síntomas podrían hacer el examen otro día
Otra medida que se plantea –y que se aprobará salvo cambios en le tramitación parlamentaria– es la de permitir que los aspirantes con síntomas sospechosos de padecer el Covid-19 o que estén en cuarentena puedan realizar los exámenes otro día, posibilidad que actualmente queda reservada a las embarazadas. No se dan más detalles de cómo el opositor tendría que justificar que padece una sintomatología compatible con el coronavirus o que está guardando el obligado confinamiento domiciliario.
Plazos más largos
También hay un tercer supuesto que abre la puerta a alterar el esquema tradicional de las oposiciones y que consiste en ampliar los plazos de realización de los ejercicios hasta que la situación derivada de la pandemia permita su adecuado desarrollo.
La postura de los sindicatos con presencia en la mesa general (CC OO, UGT, CIG y CSIF) no fue unísona, si bien todos reclamaron que las pruebas se realicen con todas las garantías sanitarias y que las medidas planteadas no adulteren los principios de igualdad, mérito y publicidad. Más críticos, en todo caso, se mostraron CIG y CSIF, para los que por encima de todo se debe primar la seguridad sanitaria, aunque eso suponga retrasar la fecha de los exámenes. De hecho, ambos sindicatos recordaron que la Xunta tiene pendiente de celebrar unas oposiciones de la convocatoria de 2017, por lo que no se entendería las prisas por afrontar las de 2020 sin tener a estas alturas nada claro cómo será la superación del coronavirus.
Otro elemento que se cuestiona, aunque unos sindicatos más que otros, es la opción de celebrar exámenes distintos en días diferentes y que los enfermos o con síntomas sospechosos de Covid puedan retrasar sus ejercicios, lo que podría alterar el principio de igualdad, posibilidad que, sin embargo, no rige para cualquier otra enfermedad.
Este año se tendrían que celebrar las oposiciones para cubrir 7.380 plazas, pero todas ellas han quedado postergadas a 2021. Son 3.654 plazas de educación; 2.741 de la administración general, de las que 1.215 corresponden al Consorcio de Igualdade e Benestar; y 985 de sanidad: 652 de médico, 275 de enfermería, fisioterapia, terapeuta ocupacional y personal técnico en farmacia, 46 de gestión y servicios; y 12 de la escala de salud pública y administración sanitaria.
La Xunta valorará como mérito adicional en el personal sanitario el que estuvieron trabajando contra la pandemia.
