La futura Lei de Impulso Demográfico que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria ampliará la asistencia que presta el Sergas a la reproducción asistida, de forma que el servicio será más generalizado. El texto original, elaborado por la Consellería de Política Social, señala que la Xunta “adoptará, de manera progresiva, medidas tendentes a que las personas que necesiten reproducción asistida como medio para tener descendencia, puedan disponer de asistencia sanitaria y de los medios precisos para tal fin”, pero el PP ha introducido una enmienda para intensificar esta actuación, de forma que quedará recogido por ley que, “en todo caso, se garantizará” el tratamiento “a aquellas mujeres cuyos problemas de fertilidad vengan derivados de una patología”.
El Sergas ya presta esta atención, si bien con listas de espera bastante largas antes de afrontar el primer ciclo –18 meses hace un año– y además, según precisaron fuentes del PP y de Política Social, se hace de forma puntual y específica, lo que dificulta el servicio y provoca que en determinados supuestos las mujeres que pretendían un tratamiento de reproducción asistida abandonaran o perdían la oportunidad por rebasar la edad recomendada.
“Ahora se va a generalizar el tratamiento en el Sergas y a darle prioridad, garantizada, a estas mujeres con problemas derivados de una patología”, sostienen las mismas fuentes.
Tanto el BNG como el PSOE también han presentado enmiendas sobre el mismo tema. Los nacionalistas introducen algunos matices, como que se “garanticen” las medidas para la reproducción asistida y que además se haga “sin listas de espera”.
Los socialistas, por su parte, también quieren modificar este punto para ir más allá, de forma que la Xunta se vea obligada a “aprobar un protocolo específico para la asistencia sanitaria a la reproducción”, en el que se recogerán “medidas efectivas”.
Entre las novedades que incorporará la ley durante su tramitación parlamentaria figura también, a propuesta del PP, la división por zonas de la comunidad autónoma –sin contar con las áreas urbanas– para, en función de su regresión demográfica, fijar el nivel de prioridad en las actuaciones de revitalización.
La futura norma también considera un servicio de interés económico general la “instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos” y la prestación de “un servicio de asistencia y formación financiera” en aquellas entidades locales que no cuenten con una sucursal bancaria. Una medida que se propone para paliar el cierre de oficinas de entidades de ahorro tras la profunda reestructuración del sector en la última década.
Como el texto se redactó y llevó al Parlamento antes de la crisis sanitaria, en la actual legislatura se volvió a presentar exactamente igual para así ganar tiempo, dado que si hubiera alguna modificación tendría que superar de nuevo todos los informes previos y de información pública. Así que los cambios se introducirán vía enmiendas de los partidos y, en este caso, se incluyen referencias a la nueva situación derivada del Covid-19, entre ellas el establecimiento de medidas para la accesibilidad a recursos de conciliación “en situaciones epidemiológicas de carácter extraordinario”, para “atender a nuevas necesidades”.
La ley incluirá que, “en casos de situaciones epidemiológicas de carácter extraordinario, la Administración autonómica impulsará protocolos específicos de actuación dirigidos a los recursos y servicios de atención continuada a la infancia 0-3 años”. Asimismo, se incorpora un nuevo apartado referido a la protección de personas mayores en caso de situaciones epidemiológicas de carácter extraordinario, “singularmente, mediante la aprobación de protocolos específicos de actuación en los centros de servicios sociales”.
