La Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas al proyecto de reforma de la ley educativa, la denominada “ley Celaá”, se pronunció ayer a favor de suprimir que el castellano se considere lengua vehicular en el ámbito educativo y una lengua oficial del Estado.

El texto de enmienda del PSOE, Unidos Podemos y ERC que recibió luz verde por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención quedaría así: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”, según informa Europa Press.

El proyecto inicial no recogía esta opción, pero la enmienda elimina la referencia a las lenguas cooficiales como “lenguas vehiculares” y al castellano como “lengua oficial del Estado”.

Recursos

PP, Cs y Vox han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la “ley Celaá” si incluye la supresión del castellano como lengua vehicular. Porque a la norma aún le faltan trámites. El texto de la Ponencia debe pasar por la Comisión de Educación del Congreso, el Pleno del Congreso y el Senado. Finalmente volvería al Congreso, donde se aprobaría la ley.

También salió adelante otra enmienda transaccional entre el PSOE, Podemos y ERC para prohibir que en la educación concertada se pueda segregar a los alumnos por sexo. En concreto, se contempla la opción de retirar el concierto a los centros que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad. Además, para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades, se estipula que los centros incorporarán medidas para desarrollar la igualdad “efectiva” entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.

Respecto a la materia de Religión no salió adelante una enmienda transaccionada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC sobre la “reducción de la religión confesional”, según informa Efe.