La familia Franco acepta entregar el pazo de Meirás de forma provisional al Estado hasta que se resuelva su recurso contra la sentencia que les obliga a devolverlo al patrimonio público y que declaró nula la compra en 1941. Los herederos del dictador han enviado un escrito al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que falló a favor del Estado sobre la propiedad del inmueble, para avanzar que la familia “no tiene intención de oponerse” a la solicitud de la ejecución provisional del fallo y “muestra su disposición a, con el referido carácter ‘provisional’ y a expensas de cómo se resuelva su recurso, cumplir voluntariamente la obligación de entrega a su cargo declarada en la sentencia de referencia”.
En la comunicación, que data de ayer, los Franco se avienen a entregar el pazo a la gestión pública de modo provisional después de haber tenido conocimiento “a través de los medios de comunicación” de la intención del Estado de solicitar la ejecución provisional de la sentencia. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció la semana pasada que la Abogacía del Estado iba a pedir la ejecución provisional del fallo. Campo avanzó la solicitud tras mantener un encuentro telemático con el jefe de la Abogacía del Estado, Javier Suárez, la abogada del Estado Adela Álvarez y el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, a los que agradeció la “magnífica investigación llevada a cabo en este caso”.
El ministro explicó que el objetivo de la solicitud de ejecución provisional de la sentencia es que sea el Estado el que asuma ya la gestión del pazo, Bien de Interés Cultural (BIC) y apartar a la Fundación Francisco Franco, que en la actualidad gestiona las visitas. “Es una reclamación de la ciudadanía, las instituciones y administraciones”, apuntó Campo. El anuncio se produjo después de que la Xunta, el Concello de Sada y la Diputación pidiesen la ejecución provisional del fallo y avanzasen su adhesión a la solicitud.
La Abogacía del Estado ultima, además, la contestación al recurso presentado por los Franco contra la sentencia. El Concello de Sada había presentado ya su escrito de respuesta al recurso, en el que, a lo largo de 86 páginas, intentaba desmontar los argumentos esgrimidos por los herederos y rebatir por “manifiestamente improcedente” e “inviable” su pretensión de obviar el contexto histórico y limitar el pleito a un debate sobre usucapión, dominio público o cuestiones relativas a la propiedad. El Ayuntamiento sadense rechaza que “se descontextualice la intervención y naturaleza de entidades como la Junta Pro Pazo [...] constituidas y promovidas al amparo, tutela y dependencia de dicho régimen y de los aparatos, administraciones y poderes del Estado”, detalló en su respuesta.
