El reconocimiento extrajudicial de crédito, procedimiento por el que se permite trasladar a presupuestos posteriores facturas pendiente de pago de ejercicios anteriores, es una fórmula legal aunque su uso debería ser excepcional. Sin embargo, los ayuntamientos gallegos lo utilizan de forma recurrente y encima de manera irregular en su inmensa mayoría. Así lo considera el Consello de Contas, que además del abuso de esta fórmula por parte de las entidades locales, ha detectado –en una campaña específica de fiscalización–, que en el 88% del gasto revisado de estos abonos postergados, los concellos prescindieron “total y absolutamente del procedimiento establecido”, por lo que las obligaciones de pago podrían “ser nulas de pleno derecho”.
Estas conclusiones se recogen en el informe de fiscalización de reconocimientos extrajudiciales de créditos correspondientes al año 2018 y que ayer se entregó al Parlamento. El Consello de Contas no analizó uno por uno todos los casos tramitados por esta fórmula, sino que revisó una selección de los expedientes correspondientes a 68 municipios de más de 5.000 habitantes y una diputación provincial, que en total ordenaron 1.778 pagos por un importe total de casi 54 millones de euros.
Los casos inspeccionados por Contas sumaron casi 20 millones de euros y de ellos, 17,3 millones –el 88% de la cuantía revisada– incumplió las normas que justifican y amparan legalmente el recurso a esta fórmula, lo que lleva al órgano fiscalizado a concluir que las obligaciones de pago reconocidas para ser ejecutadas en presupuestos posteriores “podrían ser nulas de pleno derecho”.
¿Y qué es lo que incumplen los ayuntamientos? Como causa principal, en el 33,85% de los expedientes, el Consello de Contas señala la falta de cobertura contractual, es decir que se estarían pagando servicios, obras o suministros que se realizaron más allá de la vigencia del contrato inicial. En otro 32,1% no había crédito presupuestario en ese momento para ordenar el servicio o la obra –por lo que no se podría hacer– y en otro 28%, no había directamente contrato por medio.
Otro elemento que pone el acento en el proceder irregular de las administraciones locales en el pago retrasado de facturas que tenían guardadas en el cajón es el hecho de que la mayoría de los expedientes tramitados contaba con el reparo de la intervención municipal, por lo que se tuvo que adoptar un acuerdo por parte de la corporación municipal o el alcalde, para levantar la objeción del interventor. Esto pasó en el 88,5% de los reconocimientos extrajudiciales de contratación.
A pesar de que la legislación es clara al respecto, Contas sostiene que los concellos incluyen indistintamente en esta fórmula de pago tanto los expedientes justificados como los que prescinden de todo amparo legal. Por eso, les pide, en sus recomendaciones, que eviten usar como un procedimiento común esta fórmula y que elaboren un plan anual de contratación al que ceñirse, sobre todo incluyendo las actuaciones que se licitan como contrato menor pero que finalmente, de forma reiterada y periódica, superan los límites de gasto.
Entes autonómicos
Contas también inspeccionó la transparencia en la contratación de 60 entes dependientes de la Xunta, en los que observa que el 70% de ellos no justifica “adecuadamente” el uso de contratos negociados sin publicidad y que solo el 40% argumenta las razones que llevan a seleccionar unos u otros criterios sobre los que luego se basan las adjudicaciones.
Estas son algunas de las conclusiones que se encuentran en el informe realizado sobre la evaluación de la transparencia contractual de entidades instrumentales dependientes de la Administración gallega. Contas pone deberes a la Xunta, ya que el desarrollo normativo en materia de entidades instrumentales “no resulta suficiente para alcanzar un nivel de transparencia satisfactorio”. Destaca entre lo positivo el cumplimiento de cuestiones que son imperativas, pero “necesitan un mayor desarrollo” los “aspectos que no resultan de obligado cumplimiento”.
En otro informe, el Consello de Contas asegura haber detectado “defectos graves” en la cuentas generales correspondientes al ejercicio de 2018 presentadas por la Diputación de Ourense y seis ayuntamientos (Irixoa, Negreira, Triacastela, O Irixo, A Cañiza y O Poriño). Por las deficiencias que presentan, el órgano fiscalizador entienden que no se pueden considerar como cuenta rendida.
Contas recrimina a Sanidade el “desajuste” en sus cuentas
La Xunta consigna cada año para sanidad recursos “insuficientes” que le obligan después a recurrir al endeudamiento o a realizar continuas ampliaciones de crédito. El Consello de Contas advierte que hay un “desajuste estructural entre gastos y recursos” e insta al Gobierno gallego a establecer un “sistema estable de financiación”. En 2018, por ejemplo, la Consellería de Sanidade gastó 209 millones de euros más de lo planificado. Este desembolso extra fue posible por un incremento del endeudamiento y por el desvío de fondos procedentes de otros departamentos de la Xunta. Pero no solo gasta más de lo presupuestado sino que, en opinión del Consello de Contas, recurre en exceso a las modificaciones presupuestarias para “cubrir necesidades con consignaciones insuficientes, pero que eran conocidas en el momento de la aprobación del presupuesto”. Así, por ejemplo, cita las partidas destinadas al gasto farmacéutico. En 2018 el Sergas modificó sus cuentas por valor de 220 millones de euros, según consta el informe entregado ayer al Parlamento. Para cubrir sus necesidades de financiación otro de los mecanismos a los que recurre Sanidade es el Fondo de Contingencia de la Xunta para imprevistos. “Es un elemento distorsionador del presupuesto al aplicarse a la cobertura de gastos previsibles”. No es la única irregularidad a la que apunta el Consello de Contas. Este organismo advierte que no hay un sistema integral de contabilidad que incluya a los organismos autónomos. Así, advierte, por ejemplo, que hay deudas pendientes de pago de las entidades dependientes que no se incluyen en las cuentas del Sergas. En cuanto a los conciertos, en 2018 el gasto creció un 3 por ciento en comparación con el anterior, al sumar 208 millones de euros. Además el Consello de Contas advierte que es necesario regularizar conciertos que “se mantienen en el tiempo sin soporte contractual adecuado”.
