El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad varias propuestas en las que se insta al Consello de Contas a fiscalizar en su plan de trabajo diferentes gastos derivados de la pandemia. Así, en la comisión parlamentaria específica, se dio luz verde a una propuesta socialista en la que se demanda un informe de fiscalización sobre el destino de los fondos recibidos en Galicia por parte del Estado para sanidad y educación frente al impacto del Covid-19.

También salieron adelante dos propuestas del BNG. Una de ellas pide un informe específico sobre el empleo de recursos privados al servicio del Sergas durante el estado de alarma. La otra reclama una evaluación del impacto del coronavirus en la contratación pública de servicios, particularmente en el ámbito sanitario, asistencial y emergencias.

Durante el debate, Noa Presas (BNG) señaló la importancia de que “se valore el uso de recursos ajenos en la atención sanitaria” para comprobar que en “los lugares menos poblados se deterioran en primer lugar”.

Asimismo, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) lamentó que no se apruebe la reclamación para que se evalúe la comparativa del coste “real” de las residencias concertadas frente a las públicas, así como que se estudie la posibilidad de que alguna sean rescatadas.

Por su parte, José Manuel Rey Varela (PP) valoró que su grupo haya aceptado “muchas” recomendaciones de la oposición que tienen que ver con la pandemia, que le parecen “muy oportunas”. “Porque esto creo que sí que nos sobrepasó a todos”, afirma.

Otras peticiones del PSdeG obtuvieron el respaldo mayoritario de la Cámara pasan por la fiscalización de Sogama y la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, así como por conocer los diferentes componentes del gasto farmacéutico.

De las propuestas realizadas por el Bloque, también prosperó la que emplaza a Contas a continuar con la fiscalización de Povisa a partir del año 2019.

Por su parte, otro acuerdo parte del PP para que el Consello de Contas mantenga con carácter periódico sus informes sobre la actividad económica de entidades públicas dependientes de la Xunta.

En cambio, BNG y PSdeG se quejaron de las más de 60 propuestas presentadas entre ambos grupos que no fueron respaldadas por los populares. Al respecto, Rodríguez Rumbo censuró el “continuo déjà vu” de realizar recomendaciones que son tumbadas “de un plumazo” por el PP. Entre ellas, citó la fiscalización de contratos de publicidad y comunicación de la Xunta o la fusión de municipios anunciadas a “bombo y platillo”. En esta línea, Noa Presas expuso algunos de los temas que no han encontrado el apoyo de la Xunta para su investigación por parte de Contas, como la colaboración económica con Servizo de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar (SAFIM), que defiende el síndrome de alienación parental y que “no tiene evidencia científica”.

En esta comisión se abordaron las propuestas de resolución a los informes de fiscalización sobre el sector público de Galicia relativos a la Conta Xeral de 2017. Ahora se someterá a debate y votación en pleno del Parlamento. Aquí, se incluyen las propuestas del PP como instar a la Xunta a avanzar “decididamente” en la prevención de la corrupción, a continuar con la mejora de la inversión per cápita en sanidad y que los conciertos se mantengan por debajo del gasto real del Sergas.

El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad varias propuestas en las que se insta al Consello de Contas a fiscalizar en su plan de trabajo diferentes gastos derivados de la pandemia. Así, en la comisión parlamentaria específica, se dio luz verde a una propuesta socialista en la que se demanda un informe de fiscalización sobre el destino de los fondos recibidos en Galicia por parte del Estado para sanidad y educación frente al impacto del Covid-19.

También salieron adelante dos propuestas del BNG. Una de ellas pide un informe específico sobre el empleo de recursos privados al servicio del Sergas durante el estado de alarma. La otra reclama una evaluación del impacto del coronavirus en la contratación pública de servicios, particularmente en el ámbito sanitario, asistencial y emergencias.

Durante el debate, Noa Presas (BNG) señaló la importancia de que “se valore el uso de recursos ajenos en la atención sanitaria” para comprobar que en “los lugares menos poblados se deterioran en primer lugar”.

Asimismo, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) lamentó que no se apruebe la reclamación para que se evalúe la comparativa del coste “real” de las residencias concertadas frente a las públicas, así como que se estudie la posibilidad de que alguna sean rescatadas.

Por su parte, José Manuel Rey Varela (PP) valoró que su grupo haya aceptado “muchas” recomendaciones de la oposición que tienen que ver con la pandemia, que le parecen “muy oportunas”. “Porque esto creo que sí que nos sobrepasó a todos”, afirma.

Otras peticiones del PSdeG obtuvieron el respaldo mayoritario de la Cámara pasan por la fiscalización de Sogama y la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, así como por conocer los diferentes componentes del gasto farmacéutico.

De las propuestas realizadas por el Bloque, también prosperó la que emplaza a Contas a continuar con la fiscalización de Povisa a partir del año 2019.

Por su parte, otro acuerdo parte del PP para que el Consello de Contas mantenga con carácter periódico sus informes sobre la actividad económica de entidades públicas dependientes de la Xunta.

En cambio, BNG y PSdeG se quejaron de las más de 60 propuestas presentadas entre ambos grupos que no fueron respaldadas por los populares. Al respecto, Rodríguez Rumbo censuró el “continuo déjà vu” de realizar recomendaciones que son tumbadas “de un plumazo” por el PP. Entre ellas, citó la fiscalización de contratos de publicidad y comunicación de la Xunta o la fusión de municipios anunciadas a “bombo y platillo”. En esta línea, Noa Presas expuso algunos de los temas que no han encontrado el apoyo de la Xunta para su investigación por parte de Contas, como la colaboración económica con Servizo de Apoio Familiar, Integral e Multidisciplinar (SAFIM), que defiende el síndrome de alienación parental y que “no tiene evidencia científica”.

En esta comisión se abordaron las propuestas de resolución a los informes de fiscalización sobre el sector público de Galicia relativos a la Conta Xeral de 2017. Ahora se someterá a debate y votación en pleno del Parlamento. Aquí, se incluyen las propuestas del PP como instar a la Xunta a avanzar “decididamente” en la prevención de la corrupción, a continuar con la mejora de la inversión per cápita en sanidad y que los conciertos se mantengan por debajo del gasto real del Sergas.