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La comunidad gallega, la segunda que menos invierte en dependencia por habitante

Pese aumentar el presupuesto en un 5,6% en 2019, gasta 41 euros menos por persona que la media nacional | En porcentaje, es la autonomía más financiada por el Estado

Una cuidadora ayuda a una mujer dependiente. |   // XOÁN ÁLVAREZ

Una cuidadora ayuda a una mujer dependiente. | // XOÁN ÁLVAREZ

Con una de las tasas de dependencia más altas del Estado –el 41% de las personas mayores de 64 años–, el año pasado, Galicia fue, sin embargo, la segunda comunidad autónoma que menos invirtió en el sistema en relación a su población. Pese al incremento de su presupuesto en 2019, tan solo destinó una media de 142 euros por habitante. Además, según desvela la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, la autonomía gallega fue la que mayor porcentaje de financiación recibió por parte del Estado.

La estadística en la que peor parada sale la comunidad es en la referente al gasto medio en dependencia por habitante. Un valor que sirve para medir el grado de inversión real en función de la población de cada territorio. En este apartado, en 2019, tal y como recoge el informe de esta asociación, Galicia se situó a la cola del pelotón. De hecho, fue la segunda autonomía que menos dinero desembolsó: apenas 142 euros por residente. Solo por delante de Canarias (95 euros). Mientras, la media nacional fue de 183 euros por persona, 41 euros más que la aportación gallega.

En este apartado, Galicia está muy lejos de lo que gastan el resto de comunidades pertenecientes al norte de España. Sin ir más lejos, País Vasco lidera el ranking con 368 euros. Y el resto supera el umbral medio español de 183 euros. De hecho, Castilla y León dedica 261; Cantabria, 205; La Rioja, 204; Navarra, 197; y Asturias, 191.

Llegados a este punto, pese a la baja inversión, cabe destacar que Galicia es una de las comunidades más dependientes, debido a su pirámide poblacional tan envejecida, donde hay unas 68.000 personas con derecho a prestación. Aunque más de 6.300 todavía están en lista de espera (y dos de ellas se mueren cada día mientras aguardan una subvención). Por otro lado están todas esas personas dependientes sin calificar –según este estudio, en toda España serían más de 147.000 las personas sin valorar y 234.000 las que estarían en lista de espera–.

En cualquier caso, en 2019, el gasto público en materia de dependencia en Galicia se elevó a más de 382,6 millones de euros. Un presupuesto un 5,6% superior al del año anterior y que en cifras absolutas se traduce en más de 20,3 millones respecto al de 2018. No obstante, se trata de la octava subida más baja en todo el territorio nacional, ya que la escalada presupuestaria media en estas políticas en el conjunto del Estado fue casi del 7%. Los territorios que más incrementaron su partida fueron Baleares (32%), Comunidad Valenciana (18%) y Canarias (16%). Solamente Asturias redujo la redujo en el último ejercicio. Mientras que Extremadura y Cataluña, con un 1,6% y un 2,2%, respectivamente, fueron las menos tolerantes a la inflación.

De ese montante total de 382 millones de euros, la comunidad gallega aportó la mayoría, exactamente, 288 millones. La Administración General del Estado financió la cantidad restante. Es decir, 94,5 millones. Esto significa que a la administración gallega le correspondió el 75,3% de la inversión total en dependencia. Por su parte, el Gobierno central contribuyó en un 24,7%. Así que, en porcentaje, Galicia fue la comunidad más asistida por el Estado. Aún muy lejos del 50% previsto. Las siguientes autonomías más financiadas por Madrid fueron Castilla y León, con un 21,9%, y Andalucía, con un 19,2%.

Con todo, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales alerta de que la financiación estatal al sistema de dependencia es “el valor más bajo de su historia”. Y es que de los 8.607 millones de euros de inversión pública, las comunidades financiaron el 83,9%, mientras que la aportación estatal se redujo en el 16,1%, “el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley, con 1.386 millones”.

Subrayan que la financiación “se estancó tras los recortes de 2012”, por la vía de un decreto ley con el gobierno de Mariano Rajoy. Y lamentan que “otra vez toque conformarse con el anuncio de incremento presupuestario de 600 millones para el próximo año”, con el que vaticinan que la Administración General del Estado podría llegar a una aportación global del 22%.

En el mejor de los escenarios, los directores de servicios sociales estiman que se generarían “25.000 puestos de trabajo directos”.

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