El rural gallego está pendiente de los nuevos fondos agrarios que conceda la UE para los próximos siete años. Sin ir más lejos, la supervivencia de alrededor de 27.000 agricultores y ganaderos de la comunidad depende del dinero y las ayudas que reciben de la Política Agraria Común (PAC). Ayer, los ministros de Agricultura de la UE se reunieron para negociar los últimos detalles de la reforma que incluirá como novedades primar a aquellos productores que realicen sus trabajos en el campo de manera sostenible. En cualquier caso, y pese al temor inicial, fuentes comunitarias aseguran que España mantendrá unos 47.000 millones de euros de financiación para estas políticas, al mismo tiempo que Galicia recibirá una cantidad similar, sin sufrir recortes "significativos".
Estaba previsto que Alemania, que preside hasta finales de año el Consejo de la Unión Europea, presentase ayer a primera hora de la tarde una propuesta para la nueva PAC para su aplicación a partir de 2023, pero las negociaciones con los demás ministros de Agricultura de los Estados miembros se prolongaron e hizo imposible cumplir ese objetivo. "Son unas negociaciones duras", advirtió la ministra alemana de Agricultura Julia Klöckner. El objetivo de los ministros es cerrar la reforma que regulará el campo europeo hasta 2027 y a la que se destinarán cerca de 390.000 millones de euros del presupuesto europeo. Unos 47.000 millones para los agricultores y ganadores españoles, cantidad similar a la que percibían hasta ahora, y en cuyo método de reparto se juegan los intereses de los gallegos.
Hasta hace bien poco, a la Xunta le preocupaba que un "hachazo" en los fondos para España supusiera una "hecatombe" para el campo gallego. De hecho, el pasado septiembre, el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Silvestre José Balseiros, temía que la pérdida para Galicia fuera de 200 millones de euros. Hoy, sin embargo, desde la Consellería de Medio Rural las predicciones no son las mismas pese a que las negociaciones todavía están abiertas. De todos modos, Medio Rural, a estas alturas, espera que la PAC "pueda movilizar en Galicia una cantidad de fondos similar al periodo 2014-2020". Aproximadamente, 170 millones anuales en ayudas directas financiadas íntegramente con el fondo FEAGA y cerca de 1.200 millones, para todo el periodo, correspondientes a subvenciones para el desarrollo rural, cofinanciados en este caso por el fondo FEADER.
Desde la Xunta comentan que la situación actual de crisis sanitaria y económica "no debe de servir de pretexto para reducir" estos fondos, ya que mantener en el futuro el presupuesto actual es "prioritario" para "garantizar el abastecimiento de alimentos sanos y seguros a la población", así como para "asegurar la sostenibilidad ambiental de la actividad agroganadera y forestal".
Por su parte, Nicolás Casares, eurodiputado gallego del PSOE, transmite tranquilidad a los afectados: "No va a haber recortes significativos". Él mismo añade que, gracias a la PAC y al plan de recuperación, el campo gallego "va a recibir más que en el periodo anterior, pero reforzando su papel verde".
Novedades
Tras más de dos años de negociaciones, uno de los flecos que quedan por cerrar son los fondos que serán destinados a los llamados "ecoesquemas". Se trata de una nueva forma de introducir incentivos de manera que los agricultores que deseen ir más allá en sus prácticas agrícolas, desde el punto de vista medioambiental, reciban mayores apoyos. La posición mayoritaria ahora es que estos "ecoesquemas" sean obligatorios para los países -no para los productores- y que supongan el 20% del total de los recursos (el porcentaje es uno de los enredos de las negociaciones).
Por otro lado, la reforma plantea que cada país elabore su propio plan estratégico para aplicar las nuevas medidas. Otra de las cuestiones pendientes es la limitación de los pagos por beneficiario. La Xunta pide que se sitúe en los 60.000 euros, para proteger así las pequeñas y medianas explotaciones, ya que en Galicia la tierra está muy repartida y no existen grandes productores. Además, la nueva PAC contempla que las ayudas directas sean sobre todo para los "agricultores genuinos", aquellos para los que al menos el 20% o 30% de sus ingresos totales procedan de su actividad agraria. Una norma de la que especialmente se pueden favorecer las explotaciones gallegas, que, en general, tienen una mayor dependencia de este tipo de ingresos.
