Galicia tiene 21.000 kilómetros de canalizaciones de agua y una red de saneamiento que alcanza otros 19.000 kilómetros. Sumados equivaldrían a dar la vuelta al mundo. Mantener una infraestructura como ésta es complejo y también costoso. Un tercio del agua se pierde por deficiencias en la red y el mal funcionamiento de las depuradoras es responsable de buena parte de los vertidos a los ríos y rías de Galicia. Un estudio publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) calcula la inversión que sería necesaria cada año para el correcto mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. En la comunidad gallega, en el escenario más optimista, se precisarían al menos 156 millones de euros anuales. Sin embargo, las administraciones públicas (Gobierno, Xunta y concellos) invierten menos de la mitad.
Según los datos de licitación de obra pública publicados por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), en los últimos cinco años la inversión media en Galicia fue de 68,5 millones de euros, una cifra que incluye no solo el mantenimiento de la red sino obras nuevas, y que se queda lejos de los 156 millones de euros que Fedea calcula que serían necesarios solo para mantener la red en buen estado. Esto significa que hay un déficit inversor en abastecimiento y saneamiento de al menos 87 millones de euros.
Los concellos tienen la competencia sobre la red de suministro y alcantarillado, pero tanto Xunta como Gobierno invierten también en obras hidráulicas, sobre todo depuradoras, y cofinancian proyectos con las entidades municipales. Y la inversión pública en este tipo de infraestructuras en Galicia se ha desplomado en los últimos cinco años. Entre 2010 y 2015 la media anual rondaba los 177 millones de euros, pero en el último lustro esta cifra cayó un 60 por ciento.
Según recoge el informe de Fedea, elaborado por Amelia Pérez Zabaleta y Mario Ballesteros de la UNED, las redes de abastecimiento se encuentran en muchos casos "deterioradas y cercanas al fin de su vida útil". Para calcular el coste de renovación de estas infraestructuras utilizan dos escenarios. En Galicia en el más optimista harían falta 156 millones de euros anuales, pero en otro, menos alentador, la cuantía ascendería a 284 millones de euros anuales, una cifra que se aleja aún más de los 68,5 millones de inversión real.
Galicia es la sexta comunidad que requiere más dinero para conservar y mantener en un estado óptimo su red de suministro de agua y saneamiento. En total, en España harían falta como mínimo 2.200 millones de desembolso anual.
En España, según explica el informe, el déficit inversor es del 74 por ciento. Además, advierte que las inversiones en estas infraestructuras "no son alentadoras". "Descendieron del 0,36% del PIB en el periodo 2007-2009 al 0,14% del PIB entre 2014 y 2017", señalan.
¿Y cuál es el problema? Según Fedea, los fondos europeos han sido vitales para financiar obras hidráulicas, pero debido a la convergencia económica se espera una reducción en estas partidas.
Por otro lado, el Gobierno y las comunidades tienen limitada su capacidad de gasto "debido a la elevada deuda pública y a los déficits presupuestarios recurrentes". Y algo similar ocurre con los municipios y diputaciones que tampoco tienen margen para incrementar las inversiones, sobre todo entre los ayuntamientos pequeños y medianos.
Por eso, Fedea apuesta por incrementar las tarifas del recibo del agua "como el mejor mecanismo para financiar estas infraestructuras". Defienden, por un lado, la obligación de cumplir con el principio de recuperación de costes y la "contribución adecuada" de los usuarios. Y además, creen que existe "un margen de subida importante en la tarifa del agua". Así explican que en España la tarifa del agua es de las más bajas de Europa.
La Xuntatambién es partidaria de aumentar las tarifas y trabaja con los ayuntamientos en un sistema para homogeneizar los recibos del agua. Además, en 2019 se aprobó una ley que obliga a los concellos a reducir las fugas de agua en la red en un plazo de tres años.
