"La investigación continúa avanzando y se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones, teniendo en cuenta que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores, que podía verse comprometida por las condiciones de inestabilidad y por la situación en que se encontraba el material siniestrado". Con esta respuesta parlamentaria, el Gobierno sugiere que la retirada de los vagones, arrojando dos de ellos ladera abajo -uno quedó suspendido en el desnivel y otro llegó a entrar en contacto con el cauce del río Sil-, tras quedar depositados sobre la vía después del descarrilamiento sin heridos de un tren de mercancías a finales de julio cerca de la estación de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras), fue la maniobra adoptada para evitar peligro para los operarios.
El Ejecutivo subraya que "no se ha producido ningún tipo de filtración al medio ambiente" y Adif aún no ha resuelto su investigación interna para depurar responsabilidades. La magistrada de Instrucción 2 de O Barco de Valdeorras, Nuria Valladares, mantiene diligencias abiertas para esclarecer el suceso y ver si tiene relevancia penal por un posible delito medioambiental. Antes, la Fiscalía de Ourense abrió diligencias de oficio, que se unifican.
Por estos hechos, tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil tramitaron sendos expedientes sancionadores contra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
