La causa judicial contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, relacionada con la denuncia presentada por cinco de los concejales de su grupo de DO ante Fiscalía de la Audiencia Provincial, así como la que presentó también ante el juzgado de guardia, uno de los asesores del alcalde en el Concello, en las que le acusan respectivamente de supuestas irregularidades contables como desvío de fondos del partido a una cuenta particular, y de "mordidas" de hasta el 60% del sueldo -en el caso del asesor denunciante-, que el alcalde le pedía también para el partido, arrancó en Ourense, con la toma de declaración de los primeros testigos. Todo bajo secreto judicial.

La titular del juzgado de Instrucción 3 de Ourense, en el que se han unificado ambas causas para que no se duplicaran los procedimientos judiciales contra Jácome, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría provincial, la elaboración de diligencias de investigación policial y en las dos últimas semanas han sido citados a declarar dos de los concejales que realizaron la denuncia ante Fiscalía contra el alcalde. Hace quince días declaró Miguel Caride y ayer lo hacía Manuel Álvarez.

En aquel informe presentado al fiscal por los ediles "díscolos" de DO y que causó una crisis en el gobierno municipal sin precedente relataban desconocer el destino de unos 800.000 euros de las aportaciones a los grupos de DO en el Concello y Diputación, que dan esas administraciones por escaño, así como de las donaciones -algunas forzosas- tanto de ediles como de asesores.

También relataban el caso de cada asesor municipal de DO, las supuestas donaciones forzosas de hasta el 60% del salario que supuestamente le obligaba el alcalde a dar cada mes para DO, e incluso la existencia de asesores "fantasma" con salarios de hasta 39.000 euros que nadie conocía, pero que aportaban sus cuotas.

El informe presentado ante Fiscalía y que ahora se investiga al igual que la denuncia del único asesor que denunció las donaciones forzosas de sueldo, señalaba que a la vista de todo lo relatado el regidor podría haber incurrido hasta en ocho delitos.

"Una vez conocidos los hechos en los términos que figuran en este relatorio, creemos que los mismos podrían ser constitutivos de graves delitos, tales como blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, coacciones, delitos contra la libertad de los trabajadores, contra la hacienda pública y la seguridad social, o falsedad, entre otros", señala el informe.

Añaden en el escrito que ahora se investiga que "por tal motivo nos hemos vistos en la obligación de poner en conocimiento de la fiscalía de la Audiencia Provincial la existencia de lo que, en dicho escrito, definimos como irregularidades en la contratación del personal eventual y posibles irregularidades contables".

Como consecuencia de aquella denuncia ante el fiscal, el alcalde cesó de sus competencias de forma inmediata a los cinco ediles que lo denunciaron. Uno de ellos ya haba renunciado a su escaño tras firmar el escrito ante el fiscal. Horas después el PP rompía el pacto de gobierno que había firmado con DO en tanto el regidor no aclarase las graves acusaciones contables que se le imputaban y los 7 ediles populares renunciaban a todas sus concejalías.

En estos momentos Gonzalo Pérez Jácome gobierna con una minoría de 3 ediles de una corporación de 27, mientras los partidos de la oposición, entre ellos sus cuatro concejales díscolos -el quinto dimitió-, tratan de articular una moción de censura contra el regidor para buscar un gobierno estable.

Pero Jácome sigue adelante con el gobierno más exiguo de España, tres ediles incluido él mismo, el mínimo imprescindible para poder convocar juntas de gobierno y sacar adelante algún expediente. Los tres ediles se reparten de 11 a 7 áreas de responsabilidad cada uno.