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Morir en Galicia, un asunto sin competencia

El nuevo decreto mantiene las trabas para autorizar camposantos y endurece las de los crematorios

Ampliación del cementerio de Figueroa, en A Estrada.

Ampliación del cementerio de Figueroa, en A Estrada. // Bernabé/Javier Lalín

Morirse en Galicia cuesta alrededor de los 3.500 euros. Y apenas hay opción de rebajar esa cifra. La Comisión Galega de Competencia (CGC) ya había advertido de la presencia de "monopolios o cuasimonopolios municipales" en el ámbito de los servicios funerarios, lo que sumado a que el cliente se enfrenta al fallecimiento de un ser querido de forma "imprevista y con desinformación", eleva el riesgo de "prácticas abusivas". La Consellería de Sanidade tiene preparado un nuevo decreto de sanidad mortuoria cuya filosofía es precisamente reducir el control administrativo sobre estas actividades. Sin embargo, Competencia cree que se queda corto. Critica que se mantengan "barreras injustificadas" en la apertura o ampliación de cementerios y que incluso se endurezcan los requisitos para autorizar nuevos crematorios y para el transporte de cadáveres en los coches fúnebres.

En opinión del órgano regulador, debe evitarse el establecimiento de limitaciones "cuya necesidad no esté justificada por una razón imperiosa de interés general". Por eso, censura que no se haya aprovechado la elaboración de un nuevo decreto de sanidad mortuoria para levantar restricciones a la apertura y ampliación de cementerios.

Se mantiene la exigencia de mantener un perímetro de 50 metros totalmente libre alrededor de los nuevos camposantos. Solo podrán ubicarse en este entorno edificios religiosos o instalaciones funerarias. Y además los concellos podrán ampliar este perímetro en sus ordenanzas urbanísticas. Competencia cree que debe justificarse "la proporcionalidad de tal limitación".

Pero además la apertura o ampliación de cementerios requerirá de una licencia municipal, tres informes de distintos organismos, la autorización previa de la consellería con competencia en materia de patrimonio cultural y los "informes, autorizaciones o permisos exigidos según la normativa sectorial específica". Se trata de un papeleo que, en opinión de Competencia, debería "reducirse y ser sustituido por declaraciones responsables". Argumenta que la Comisión Nacional de la Competencia considera que la exigencia de "dos o tres autorizaciones" constituye "una barrera injustificada". Además, explica que "actualmente desaparecieron muchos de los riesgos para la salud pública" que existían antes.

Esto facilitaría la apertura de nuevos cementerios de gestión privada y abarataría el precio de los nichos, que en ocasiones alcanzan precios equiparables al metro cuadrado de vivienda (en Vigo, por ejemplo, unos 2.200 euros).

Pero el nuevo decreto del Sergas, que aún está en tramitación, endurecen además los requisitos para la apertura de nuevos crematorios. "Supone una barrera de entrada que puede conllevar una merma en la competencia del sector y limitar la entrada de nuevos operadores", advierte el Consello Galego de Competencia.

Así, Sanidade exigirá a los nuevos crematorios una distancia mínima de 200 metros desde el foco de emisión de la chimenea de la incineradora hasta zonas residenciales, colegios, parques infantiles o instalaciones deportivas.

Sin embargo, esta medidas no afectarán a los establecimientos que ya están en funcionamiento, que solo deberán presentar un "estudio de dispersión de contaminantes de las emisiones esperadas en el horno crematorio".

Competencia critica que a los actuales crematorios se les permita continuar en la misma localización, pero se obligue a las nuevas empresas a buscar ubicaciones separadas 200 metros de zonas residenciales. "Esta diferencia implica una evidente barrera de entrada que impedirá o dificultará en gran medida el acceso de nuevos operadores al mercado", señala en su dictamen el órgano regulador.

También denuncia que hasta ahora para abrir un crematorio solo hacía falta una comunicación al concello y una declaración responsable ante la Xunta. Sin embargo, en la nueva normativa que prepara el Sergas "desaparece esta simplificación administrativa" y la sustituye por "una compleja intervención administrativa".

Tampoco ve justificado Competencia el incremento de los requisitos que deben cumplir los coches fúnebres. Según el proyecto de decreto de sanidade mortuoria, el "habitáculo del féretro será estanco, climatizado en el caso de efectuar traslados, y estará revestido de un material impermeable de fácil limpieza y desinfección y dispondrá de un sistema de anclaje que impida el deslizamiento del féretro". Estas condiciones no se exigían hasta ahora.

Por otro lado, el Consello Galego de Competencia reclama que se incluya en la normativa que prepara Sanidade la obligación de que las empresas de servicios fúnebres pongan a disposición de sus clientes un catálogo informativo con todos sus servicios y los precios finales de los mismos. Y que se obligue a los tanatorios y crematorios a garantizar al acceso a sus instalaciones de todos los operadores funerarios, para evitar que se discrimine a una determinada empresa en beneficio de otra.

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