El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) estudia "proponer" un cambio normativo para que se modifiquen las condiciones en las que los operadores prestan su servicio con el fin de que "sea más respetuoso con el medio ambiente", tras lo sucedido con los vagones lanzados al río Sil del tren descarrilado el 28 de julio en Carballeda de Valdeorras (Ourense).
La intención es que exista una cobertura específica con un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que puedan ocasionar los operadores ferroviarios, según explica el Gobierno central en una respuesta una pregunta en el Senado del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal.
Indica que Adif "está analizando a fondo todas las acciones efectuadas durante la retirada del material descarrilado", en las que también participó Renfe. Hay una investigación interna abierta y "se están documentando todas las circunstancias" que provocaron que los vagones se precipitasen al río. Tras ello, se determinarán "las responsabilidades pertinentes", según informa Europa Press.
Además, revisará sus protocolos para mejorar los controles y que "esta situación no vuelva a repetirse". Junto a esto, muestra su colaboración con las diferentes administraciones que tramitan procedimientos, como es el caso de Xunta, Fiscalía y Confederación Hidrográfica de Miño-Sil.
