La Xunta propone que la vacunación sea obligatoria cuando existan riesgos para la salud pública. Así lo recoge la propuesta del Gobierno gallego para reformar la Ley Orgánica de Salud, un texto que ahora trasladará al Ejecutivo central. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cree que para acabar con la "inseguridad jurídica" en la lucha contra la pandemia y evitar casos como el de Madrid, donde su Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el cierre de la ciudad, se debe dar "amparo legal" a las comunidades mediante una reforma legislativa que incluya un catálogo de medidas que podrán adoptar para contener epidemias como la del Covid-19 sin necesidad de activar el Estado de Alarma.

Y, entre estas actuaciones, además de restringir la movilidad de las personas o limitar las reuniones, el Gobierno gallego incluye también que las comunidades tengan potestad para "someter a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación, con información, en todo caso, de los riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas".

De hecho, el presidente de la Xunta recalcó la necesidad de establecer una regulación sobre la vacuna del Covid-19 cuando salga al mercado. "Es una vacuna obligatoria y, por lo tanto, debemos estar preparados para que, cuando la tengamos, la vacuna obligatoria no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente".

Aunque esta propuesta está pensada para hacer frente al coronavirus, el cambio que propone la Xunta en la Ley Orgánica de Salud permitiría hacer extensible esta obligación a vacunarse a otras patologías como la gripe o cualquier otra enfermedad que entrañe un riesgo de salud pública sobre la población. Y esto surge en un momento en el que cada vez tienen más eco los movimientos antivacunas. Empieza a haber padres que no quieren vacunar a sus hijos pequeños y hay grupos negacionistas que defienden que el coronavirus no existe y rechazan la vacunación.

Incluso con la gripe la Consellería de Sanidade se esfuerza cada año en incrementar los porcentajes de gente vacunada. Para ello envía sms y llama por teléfono a los grupos de riesgo. Y pese a ser población vulnerable en la pasada campaña rechazaron ponerse la vacuna 27.000 gallegos. La cobertura entre los mayores de 65 años es del 60,4 por ciento.

La Xunta ya estableció la vacunación obligatoria como requisito para acceder a una plaza en una guardería pública. Y ahora quiere amparo legal para obligar a la población a vacunarse del Covid-19.

Otra cuestión es que el Gobierno acepte su propuesta. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya rechazó en la Conferencia de Presidentes del pasado septiembre reformar la Ley Orgánica de Salud, tal y como pedía Galicia. Aún así, Feijóo insiste y el Consello de la Xunta dio ayer el visto bueno a un proyecto de reforma legal que coincide con el varapalo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado al mandato del Ministerio de Sanidad de cerrar Madrid.

La Xunta, que acaba de confinar Ourense y Barbadás, espera que esta medida no corra la misma suerte que el cierre de Madrid. Argumenta que está "bien motivada" y que el Tribunal Superior de Xustiza ya le dio la razón cuando limitó la movilidad en A Mariña.

En el proyecto de reforma que la Xunta plantea al Gobierno incluye que las autoridades sanitarias puedan controlar el aislamiento en domicilio de los enfermos, así como de los contactos y el sometimiento a medidas de vigilancia y examen médico o pruebas a las personas con síntomas compatibles. En todo caso, el texto que propone Galicia pretende también ser garantista y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos. Y, por eso, señala que para adoptar estas medidas hay que cumplir una serie de requisitos: que las restricciones sean siempre temporales, proporcionadas y justificadas.