La Xunta encarga un mapa de casas okupadas y habilita un teléfono de denuncias

La Policía detectó en Galicia en lo que va de año 108 ocupaciones de viviendas -54 en la provincia de A Coruña, 40 en la de Pontevedra, 7 en Lugo y otras 7 en la de Ourense-, un volumen que ya supera las 100 registradas en todo 2019. Tras las instrucciones dictadas por el Ministerio del Interior y la Fiscalía del Estado para poder imponer un desalojo antes de ir a juicio, la Xunta se propone tener una radiografía de la situación en Galicia y conocer el alcance del fenómeno okupa en la comunidad.

Para ello, el pleno del Observatorio de la Vivienda propuso ayer la habilitación de un teléfono por parte de la Xunta para "informar y asesorar a aquellos perjudicados por una okupación ilegal", al tiempo que la Administración gallega encargará a los administradores de fincas y agentes de la propiedad que hagan "un mapa de ocupaciones en Galicia". Así lo avanzó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, minutos antes de presidir el pleno de este Observatorio, que incorporará como nuevo miembro al Colegio de Administradores de Fincas.

Uno de los puntos importantes que abordaron en el encuentro fue el de las ocupaciones ilegales, un ámbito en el que "Galicia sigue demandando al Estado una modificación legislativa" que "endurezca las penas" en estos casos.

Vázquez recordó que, cuando se produce una okupación, "las primeras horas son fundamentales" en su "desocupación" y reclamó que comunidades de vecinos o de propietarios "puedan interceder ellos mismos y denunciar". "Es el Gobierno central el que tiene que dar un paso trascendental", dijo la conselleira, que afeó que "hasta ahora le resten importancia".