La madrugada del 24 de abril de 2019, un rápido incendio consumió las termas privadas de A Chavasqueira, reduciendo a cenizas uno de los atractivos del termalismo de Ourense a la orilla del Miño. El recinto todavía no ha sido reconstruido y, de hecho, con la crisis del Covid solo el complejo de pago de Outariz ha permanecido abierto al público. La combustión de las instalaciones de madera de A Chavasqueira, inauguradas en 2001 con una arquitectura de inspiración oriental, fue tan rápida que los bomberos, cuyo parque está situado a unos 50 metros, no pudieron evitar la destrucción del recinto, pero sí impedir que las llamas se propagaran a construcciones próximas, durante dos horas y media de un exigente operativo de emergencias.

Las inspecciones oculares de la Policía -la unidad canina apoyó a la Científica- revelaron que el suceso no había sido fortuito, sino provocado. Presuntamente se usó un acelerante. Los estragos en la ruta del termalismo se agravaron en julio de 2019, con otro incendio intencionado, en el restaurante de concesión pública de las Pozas do Maimón -llevaba varios años sin actividad-, en el otro margen del Miño. También en este caso los restos calcinados y los escombros siguen afeando una zona turística y de paseo. Ahora, año y medio después del fuego de A Chavasqueira, la Policía detiene a los presuntos autores. Fueron arrestados ayer por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Uno es un exempleado que supuestamente había sido despedido por bajo rendimiento, tras unos dos años de vinculación profesional, y el otro es un amigo del extrabajador.

La magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, es la encargada de las diligencias. La jueza dictó la puesta en libertad de ambos investigados, pero con medidas cautelares. Les prohíbe salir del territorio nacional y establece comparecencias semanales en el juzgado como medida para rebajar el riesgo de fuga. La autoridad ve indicios de un posible delito de incendio provocado con peligro para la vida y la integridad física de las personas. Se trata de una infracción penal castigada con penas elevadas, como un homicidio o asesinato. El Código Penal prevé condenas de 10 a 20 años de cárcel por estos fuegos con riesgo, tal y como describe el artículo 351.

La comisaría subraya que un trabajador que se encontraba en el recinto a la 1.30 horas de aquella noche -un operario de mantenimiento- "tuvo que ser rescatado por los bomberos, que rompieron la puerta". La Policía Nacional destaca que se trata de una "laboriosa investigación" a cargo del grupo de UDEV, "duradera en el tiempo debido al tiempo necesario para las diligencias técnicas que se han tramitado". La jueza mantiene el secreto de actuaciones en parte de la causa.