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La Xunta se ofrece a los alcaldes a tramitar las multas por ignorar las restricciones Covid

Un informe autonómico blinda la capacidad legal de los concellos para sancionar a quien no use mascarilla

Un agente de la Policía Nacional en un autobús urbano de Vigo. // Alba Villar

Las miles de multas impuestas por los ayuntamientos gallegos por conductas que vulneraban las restricciones contra el Covid-19 no quedarán en el tintero, sino que se tramitarán y la Xunta ofrecerá ayuda a los concellos en esa tarea, en la que poseen plenas competencias. Así lo acredita un informe de la Asesoría Xurídica de la administración autonómica, que pretende desbloquear las sanciones vinculadas a la alerta sanitaria por falta de coordinación y claridad competencial. Establece por ejemplo, que tanto Policía Nacional, como Autonómica como Local puede denunciar a un ciudadanos con hasta 100 euros por no llevar mascarilla y administración estatal, Xunta y municipio pueden aplicar el castigo.

La Vicepresidencia de la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mantuvieron el viernes un encuentro para abordar, entre otras cuestiones, este conflicto, que en algunos ayuntamientos está provocando que no se aclare quién debe tramitar una sanción, por ejemplo, por no llevar mascarilla o utilizar la barra de un bar en un concello donde esté prohibido, por lo que los castigos no están llegando a los domicilios de los infractores.

La Fegamp reclamaba a la Xunta claridad, al entender que debía ser esta la que tramitase las sanciones vinculadas a cuestiones sanitarias, como el uso de la mascarilla. Recientemente, la Abogacía del Estado en A Coruña concluía que estos procedimientos debían dirigirse "preferentemente" a la Consellería de Sanidade

La Asesoría Xurídica de la Xunta concluye que las tres administraciones tienen competencias para castigar económicamente las infracciones. "Una vez que la discrepancia quede solventada se tramitarían los expedientes sancionadores que ya están iniciados", aseguran fuentes de la Vicepresidencia primera de la Xunta.

"Es claro que el Estado y la comunidad autónoma tienen responsabilidad en materia de salud pública", establece el informe. "Los concellos podrán sancionar las conductas tipificadas como infracción en la ley siempre que esas conductas se produzcan en los ámbitos sobre los que ejercen competencias en materia de control sanitario [...], fundamentalmente el control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes que impacten en la salud de su ciudadanía y el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana", indica.

Ante esta situación, la Xunta trasmite a la Fegamp su disposición a ayudar a concellos sin capacidad para tramitar sus sanciones en esta tarea siempre que se lo pidan.

La Vicepresidencia primera alerta de que las sanciones no han prescrito y considera aclarado el conflicto competencial por parte de la Asesoría Xurídica, que alega la falta de un "régimen competencial y sancionador específico" para bucear en el resto de normativa y concluir que las tres administraciones son competentes, al tener potestad en salud pública.

El informe concluye como principales puntos de sanción municipal los incumplimientos de las normas de aforo en locales u horarios de cierre, como el relativo al 50% de público en bares y restaurantes de zonas con más picos de contagios, así como no usar mascarilla en la vía pública o en el transporte urbano., participar en botellones. No cree necesarias ordenanzas específicas para garantizar la competencia sancionadora local.

En el caso de la Xunta, señala el incumplimiento de la cuarentena obligatoria o la identificación de contactos por parte de personas contagiadas, así como en el bus interurbano.

Policía Nacional y Guardia Civil tienen competencias también para denunciar cualquier conducta que vulnere la seguridad pública.

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